La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaba hace 40 años una visita a Argentina para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que perpetraba la dictadura militar como parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado.

Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.

La dictadura militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a los integrantes de la CIDH, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos.

La presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH llevara adelante una visita al país.

La delegación de la CIDH llegó a Argentina el 6 de septiembre de 1979 y permaneció en el país hasta el 20 de ese mes, y las oficinas de la OEA, ubicadas en Avenida de Mayo al 700, recibieron 5.580 denuncias por parte de las víctimas, y los organismos de derechos humanos aportaron otras 3.000.

“Llegué a la mañana muy temprano y tuve que hacer varias horas de cola para presentar mi caso. Era una fila larguísima que daba vuelta a la manzana. Todos éramos familiares que desde hacía años buscábamos a nuestros desaparecidos”, cuenta en diálogo con Télam Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, secuestrado por los grupos de tareas de la ESMA en febrero de 1977.

Cristina trabajaba en Alpargatas y tenía en esos años dos hijos chicos y el 7 de septiembre se presentó ante la CIDH cuando la selección juvenil que capitaneaba Diego Maradona y dirigía César Luis Menotti ganaba la final del Mundial Sub-20 de Japón, al imponerse por 3-1 al representativo de la Unión Soviética.

Los hinchas ganaron las calles del centro para festejar ese título, y el relator deportivo José María Muñoz convocó a la gente a mostrarle a los integrantes de la CIDH “cuál era la verdad” de aquella Argentina.

“La gente pasaba con banderas argentinas y nos gritaban cosas, nos escupían a los que estábamos haciendo la cola. Era como si perjudicáramos al país. Era muy duro”, recuerda Muro sobre aquella jornada en la que Videla saludó desde el balcón de la Casa Rosada a la multitud que se había convocado en la Plaza de Mayo para festejar un triunfo deportivo.

Los miembros de la CIDH se entrevistaron con los integrantes de la Junta Militar -Roberto Viola, Omar Graffigna y Armando Lambruschini-y fueron recibidos por Videla, acompañado por Luciano Benjamín Menéndez, titular del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba.

Recorrieron cárceles y se entrevistaron con los presos políticos y estuvieron en los centros clandestinos de detención de La Perla (Córdoba), el Atlético, Olimpo, y ESMA, que habían sido acondicionados para que la CIDH no pudiera verificar los crímenes que se habían cometido en esos lugares.

“Desde principios de 1979, los marinos comenzaron a refaccionar la ESMA. Sacaron una escalera que conducía al sótano donde nos alojaban e hicieron otras reformas”, evoca Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA que luego testificó en el juicio a la Juntas de Comandantes.

Basterra integró un grupo de prisioneros que fue trasladado durante la visita a un predio llamado “El Silencio”, que se encontraba en una isla del Tigre.

“Nos tuvieron un mes en ese lugar. Engrillados y con esposas. La casa donde estábamos se inundó y nos enfermamos del estómago. Nos dejaron ahí encerrados y los guardias no se animaban a entrar donde estábamos por el olor que teníamos”, remarca.

En el informe sobre la situación de Argentina, la CIDH reconocía “la situación de miles de detenidos desaparecidos”, y se consignaba que “personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”.

La dictadura negó las acusaciones e intentó infructuosamente que la OEA rechazara esas conclusiones, pero la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina había sido develada y documentada, y fue ese el primer paso en un recorrido que años más tarde llevaría a la Justicia.