La Justicia interviene en la toma del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Mar del Plata, que protagonizan militantes del Polo Obrero desde el miércoles pasado.

La novedad la dio este mediodía la delegada del área, Florencia Ranelucci. “La Justicia está interviniendo y tenemos que esperar qué dice el juez. La (Policía) Federal hizo su trabajo, cuida que el lugar esté bien, pero ahora el juez tiene que decidir cómo seguimos”, dijo en declaraciones a Canal 10. Enseguida, ratificó a LA CAPITAL que la presentación judicial fue realizada ante la Fiscalía Federal N° 2.

Ranelucci definió el conflicto como “una toma de edificio público” que impide le impide a ella y al personal de las oficinas que funcionan en el edificio Unzué ingresar a sus lugares de trabajo y desempeñar sus funciones desde hace seis días. 

La funcionaria puso como ejemplo un episodio que tuvo lugar ayer. Contó que hubo un intento de sacar una documentación necesaria pero los militantes no lo permitieron. “No pudimos, se pusieron muy violentos”, mencionó.

El Polo Obrero reclama la llegada de un camión con mercadería, el aumento de un plan social de $ 7.000 que reciben todos los meses algunos manifestantes y la ampliación de cupos de programas sociales otorgados por Desarrollo Social de la Nación.

Ranelucci insiste en que el petitorio será evaluado por la “mesa nacional” que analiza estos temas, conformada por funcionarios de la cartera y referentes nacionales de las organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero.

“Los puntos los tiene la mesa nacional y los está evaluando. Ellos van a ver cuándo deciden dialogar. La mesa de diálogo funciona, tiene un ritmo de reuniones con todos los sectores, pero ante una situación violenta es muy difícil establecer un diálogo”, aclaró Ranelucci.

Según indicó, los planes nacionales se establecen a partir “de una ley”, por lo que no es competencia del centro de referencia local. “Para eso existe una mesa nacional que está en la ciudad de Buenos Aires. Desde acá siempre mi postura fue ayudar a muchas organizaciones a que sus miradas locales lleguen a las reuniones”, apuntó la funcionaria.

También lamentó que esté “frenada” toda la actividad que se desarrolla en el edificio tomado. Entre ellas la del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, una oficina que brinda servicios de atención legal primaria gratuita.