Por primera vez desde que asumió el intendente Carlos Arroyo, las coordinadoras del Consejo de la Niñez iniciaron un diálogo con el gobierno municipal sobre los programas culturales y educativos en los barrios. Fue en el marco de la conciliación convocada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9, que pasó a un cuarto intermedio para el 9 de agosto y en la que no surgieron cambios en la política oficial.
A la audiencia estaban convocados el intendente Carlos Arroyo, la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, y la de Cultura, Silvana Rojas. Es decir, los tres funcionarios mencionados en el recurso de amparo que presentó el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes contra la disminución de las actividades en los barrios. Pero ninguno de los tres acudió: en cambio, representaron a la comuna el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro.
Las voces de uno y otro sector difirieron en el tono al final del encuentro, cuando dialogaron con la prensa. Mientras las autoridades del Consejo hablaron de una reunión “positiva” y dijeron mantener la expectativa de que haya modificaciones en el criterio utilizado por el municipio para distribuir las horas PEBA (Programa Educativo Barrial) y los programas culturales en los barrios, Vicente aseguró que la atribución de determinar esas políticas es exclusiva del municipio.
“Tuvimos una larga charla, con un debate bastante profundo, y quedó muy en claro que es el municipio el que desarrolla las políticas culturales y educativas porque justamente la atribución que tiene el municipio es la de imponer estas políticas”, dijo en una rueda de prensa en el hall de la municipalidad.
“No obstante, se acordó un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto a los fines de ir informándole a esta gente que interpuso el amparo las políticas que se van a ir implementando”, agregó. Con “esta gente” se refería, claro, al Consejo de la Niñez, cuyas autoridades, según adelantó Vicente en la misma conferencia, serán cambiadas por el municipio (ver aparte).
En respuesta al recurso de amparo, el municipio “detalló y acreditó las horas PEBA que se están cumpliendo y los programas culturales que se están desarrollando en cada una de las secretarías”, informó el secretario.
Vicente negó que se estén afectando los derechos de los niños. “El intendente Arroyo siempre tiene como política atender a los sectores más vulnerables, entre los cuales están los niños y los ancianos”, mencionó.
También rechazó el planteo de que se haya reducido el Programa Educativo Barrial. “Primero se quiso instalar que las horas Peba se iban a erradicar. No pudieron con eso porque se dieron cuenta de que estaban funcionando. Ahora quieren instalar un recorte en las horas Peba. También es erróneo: lo que se está haciendo es redireccionar los programas y las políticas culturales”, afirmó.
Por sus palabras, quedó claro que ese “redireccionamiento” es respecto a lo que se realizaba durante la gestión del ex intendente Gustavo Pulti. “En la medida de las posibilidades los programas se sostienen y se ejecutan. En la gestión anterior hubo una sobre-ejecución de los programas culturales y educativos. ¿Qué significa sobre-ejecución presupuestaria? Significa ni más ni menos que se llevaron a cabo programas que no se pudieron pagar. Es decir, había más programas que dinero para poder sustentarlos. Entonces, los programas se van a ejecutar en la medida de los presupuestos, y este presupuesto educativo y cultural es superior al del año pasado”, diferenció Vicente.
El funcionario marcó además que “no se puede imponer a través del reclamo una política”, en obvia referencia a la vía judicial. “La realidad es que es el municipio es el que define las políticas culturales y educativas, de salud, de producción, etcétera. No podemos sostener la imposición de decisiones políticas cuando es justamente el gobierno que resultó elegido el que debe desarrollar las políticas”, insistió.
Cuando le preguntaron por qué no habían asistido Arroyo, Crovetto y Rojas, el funcionario respondió con una alusión a la situación judicial del ex intendente: “Realmente no tenían ninguna necesidad (de asistir). Estamos hablando de una instancia en un Juzgado Civil y Comercial. No se trata de una situación de tipo personal. Muy distinto a cuando hacen citaciones penales, como pasó el día martes pasado, a la que tuvo que concurrir el imputado”.

“La reducción existe”

La abogada patrocinante del Consejo de la Niñez, Susana Nudelman, se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de que el gobierno municipal modifique el rumbo de algunas de sus políticas culturales y educativas.
Aseguró que “la reducción (de esas actividades) existe”, y agregó: “Queremos tener una definición respecto a lo que el gobierno municipal puede hacer para sostener los talleres, las usinas culturales y los programas de educación en los barrios”.
“Son programas de educación no formal. Para los accionantes son importantes porque se trata de talleres de inclusión y capacitación que les dan herramientas a los niños para después encarar la escolarización formal”, añadió.