Las autoridades municipales negaron ante la Justicia los recortes presupuestarios en las áreas de Cultura y de Educación, que provocaron la discontinuidad o el achicamiento de programas que hasta al año pasado alcanzaban a más de 13 mil chicos de distintos barrios de Mar del Plata y de Batán.

Al mismo tiempo plantearon que la decisión de mantener o no estos servicios es privativa del Ejecutivo municipal y descalificaron algunas de las propuestas existentes por considerar que estaban a cargo de “punteros políticos”.

Esos fueron algunos de los argumentos con los cuales el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el Secretario en lo Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, se presentaron hoy ante la jueza en lo Civil y Comercial, Patricia Gunsberg, en una audiencia de conciliación con integrantes del Consejo de la Niñez y de la Defensoría del Pueblo.

Ambas instituciones promovieron un recurso de amparo, denunciando el ajuste presupuestario y con él, los perjuicios sufridos en los derechos de niños, niñas y adolescentes que ya no asisten a los cursos, talleres, actividades recreativas o de extensión que ofrecía el municipio.

La presentación recibió en las últimas horas una declaración de respaldo por parte del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Por parte del municipio a la audiencia debían acudir el intendente Carlos Arroyo y las responsables de las dos áreas involucradas: la secretaria de Educación, Ana María Crovetto y la de Cultura, Silvana Rojas.

Pero en su reemplazo acudieron Vicente y Gil de Muro, quienes dejaron asentada la postura de la comuna y reconocieron que existe predisposición para dialogar.

En una conferencia de prensa Vicente negó la existencia de recortes y describió la situación de una manera diferente a como lo hicieron los amparistas. “Los recursos de cultura y educación están siendo redireccionados”, comentó.

La abogada del Consejo de la Niñez, Susana Nudelman, explicó que ante la jueza hubo posturas bien distintas entre las partes.

Pero rescató como un dato favorable el hecho de que el municipio haya expresado su voluntad de considerar la situación en el marco de distintas reuniones.

Asimismo hizo saber que las partes tendrán que regresar al juzgado el próximo 9 de agosto para comunicar si existen avances y acuerdos acerca de cómo implementar las actividades culturales y educativas.

Según el Consejo de la Niñez, este año las actividades de cultura se redujeron en un 70% y las del Programa Educativo Barrial, en un 50%.

Esta semana el intendente Carlos Arroyo había negado que existieran recortes en el gasto educativo y dijo que durante su gestión las horas de PEBA para contratar docentes pasaron de 600 a 900. Pero, según explicaron desde el Consejo, omitió decir que el año pasado las horas PEBA eran unas 2 mil.

Tras su encuentro con la jueza, Vicente también sostuvo que no hubo ajuste. “Se quiso instalar la idea de se querían quitar las horas PEBA y no se quitaron. Y ahora se quiere instalar la idea de que se las redujo. Lo que se está haciendo es redireccionar las políticas culturales y educativas”, justificó el funcionario.

“El intendente Arroyo tiene como política atender a los más vulnerables, especialmente a los niños” dijo para negar la existencia de un recorte, tras lo cual insistió en que “en democracia no se puede aceptar la imposición de políticas porque es el gobierno elegido por la voto el que las define”.

Además explicó por qué a la audiencia no asistieron ni Arroyo ni ninguna de sus dos funcionarias. “No había necesidad de que fueran ellos, se trata de una causa Civil y Comercial en la que es más fructífero que vaya el letrado que el demandado para resolver mejor el tema”, argumentó.