La organización MAR reavivó ayer la polémica por la explotación del predio lindero al Faro, al asegurar que el acuerdo que el Ejecutivo firmó en marzo con la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena (ACCRCLP) – cuyo presidente es Augusto Osvaldo Menecier, quien formó parte de la división de Inteligencia Naval durante la última dictadura militar – está plagado de irregularidades.

A través de un extenso documento presentado en mesa de entrada del Concejo Deliberante en el que detallaron todos los puntos en los que el acuerdo incumple con lo establecido en la ley, los integrantes de la ONG local pidieron a los concejales de General Pueyrredon que no aprueben el expediente.

“Cada temporada que pasa es una temporada más en que el Estado Municipal se ve imposibilitado de usufructuar este predio atendiendo a los intereses de los habitantes de esta ciudad”, señalaron.

El conflicto con la explotación del terreno data del año 2014, cuando el Ejecutivo, administrado por ese entonces por el exintendente Gustavo Pulti, inició un juicio de desalojo por la ocupación ilegal de terrenos municipales contra la Asociación Piedrabuena con el objetivo de recuperar un predio municipal de 16.900 metros cuadrados, ubicado en la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur.

Del análisis de la acción judicial, la organización MAR también advierte que dicho desalojo fue impulsado luego de constatar que la Asociación explotaba el camping “La Cabaña” (con una capacidad para 400 personas) en el predio municipal, sin pagar un canon al Estado ni contar con una habilitación para ese negocio. “A su vez -indicaron-, hasta la fecha alquilan el predio para la instalación de cartelería publicitaria”.

Tras más de cinco años sin respuesta por parte de la Justicia, en febrero de este año el Municipio optó por desistir del camino judicial y, mediante un acuerdo firmado el 19 de marzo entre el intendente Carlos Arroyo y el titular de la ACCRCLP, Augusto Menecier, se le permitió a dicha Asociación continuar con la explotación del predio por cinco años más. De todas maneras, dicho acuerdo debe ser aprobado previamente por el Concejo Deliberante, razón por la cual la organización decidió exponer las irregularidades del mismo para evitar así su puesta en vigencia.

Irregularidades

Según señalaron en el documento presentado este miércoles en el Concejo, por la explotación de este predio municipal, -valuado en más de once millones de pesos ($11.802.960)-, la Asociación de Menecier deberá pagar al municipio un canon mensual de $6.666 ajustado a la inflación anual. “Mientras que, según lo establecido por ley, el canon mensual debería ser de $98.358. Este último monto surge del artículo 28 inciso b del Decreto Ley 9533, según el cual, el canon abonado por la explotación de un bien de dominio del Estado no puede ser inferior al diez (10) por ciento de la valuación fiscal vigente en cada uno de los años de concesión”, señalaron.

En este sentido, señalaron que si el predio fue valuado en $11.802.960 en el año 2017, el canon anual no debería ser inferior a $1.180.296. “Sin embargo, el precio estipulado no sólo es violatorio de la ley, sino que es más bajo que el precio del alquiler de un monoambiente en Mar del Plata“, compararon.

La organización también advirtió que “al igual que otras cláusulas de este acuerdo, el canon convenido resulta antijurídico (contrario a la ley), y a todas luces, perjudicial para los intereses patrimoniales del Municipio, en un contexto marcado por una fuerte escasez de recursos públicos para afrontar las obligaciones que tiene el Estado en materia de salud, educación, obras de infraestructura, entre otros”.

“Al tiempo que nada dice respecto de la responsabilidad por el pago de los impuestos y tasas que pudieran encontrarse adeudados desde el año 2014 a la fecha, omisión que podría interpretarse como una condonación impositiva”, agregaron.

Por otra parte, desde la organización se encargaron de destacar que las “actividades filantrópicas” que alega la Asociación para justificar un canon irrisorio como el acordado, no se corresponden con la información que surge del negocio “Camping La Cabaña” del buscador google, en el que se puede corroborar el cobro de $300 pesos por persona por día para acampar durante la temporada 2019.

“El Concejo Deliberante tiene el deber de rechazar este acuerdo por resultar contrario a la Ley y perjudicial para el Estado. En segundo término, debe exigirse la restitución inmediata del predio para destinarlo al uso público y/o concesionarlo en condiciones de libre competencia, que no perjudiquen los intereses económicos del Estado Municipal y de todos los habitantes de esta ciudad a costa del negocio de un privado”, señaló.

En este sentido, exigieron que el “Estado asuma un rol proactivo ante la justicia, solicitando que ésta se expida rápidamente sobre el pedido de desalojo”, ya que la demora en el proceso judicial “ha significado una considerable pérdida de ingresos para el Municipio”.

La organización MAR es una ONG local que busca promover el derecho a la ciudad mediante la transformación  cultural, la sostenibilidad ambiental y la incidencia estratégica en políticas públicas, en articulación con los territorios.