En el Consejo Local de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes están convencidos de que la reducción de actividades educativas y culturales en el distrito “va generando situaciones conflictivas” y son muy críticos con la gestión de Carlos Arroyo, pero mantienen la esperanza de que, al menos de forma gradual, se vayan restableciendo.
La expectativa se basa, sobre todo, en la audiencia de conciliación con funcionarios del gobierno municipal convocada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 tras la presentación de un recurso de amparo para que se repongan los programas Almacenes Culturales, Usinas Artísticas, LiberArte, las actividades extensionistas que se garantizaban desde el Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA).
María de los Angeles Lorenzo, co-coordinadora del Consejo, aseguró a LA CAPITAL que en el organismo hay “buena predisposición” para “tratar de llegar a un acuerdo” con las autoridades comunales.
“Por suerte la Justicia ha abierto la posibilidad del diálogo. Nosotros manifestaremos cuáles son las cosas que creemos necesarias y ellos (por los funcionarios) contestarán. Creemos que, escalonadamente, podemos llegar, por ejemplo, a una determinada cantidad de horas del PEBA, a determinada cantidad de barrios, que es lo que el sentido común marca”, indicó.
Ayer, en una conferencia de prensa en el centro comunitario de la hermana Marta, el reclamo del Consejo fue respaldado por la Defensoría del Pueblo, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras entidades.
Las coordinadoras del Consejo aprovecharon para dar detalles de los lugares que este año dejaron de contar con los programas socioculturales y el PEBA, como el propio hogar de la hermana Marta (“el año pasado había guitarra y otras actividades y hoy no hay nada”) o la Unidad Penal 44, donde dejaron de impartirse actividades de teatro y literatura.
“Si no se discuten en diciembre, las horas del PEBA no se ponen en vigencia en febrero o marzo. Se ha descubierto en un 50% su continuidad y se han achicado también distintas modalidades”, mencionó Lorenzo. “Se ha jerarquizado Biblioteca, Apoyo escolar, Inglés, Italiano y muy pocas otras, y se dejaron de lado unas 30 actividades que se venían desarrollando durante el año 2015”, apuntó.
Según Lorenzo, estas actividades son “muy importantes fundamentalmente en los barrios más vulnerables”. Y acotó: “Estamos llegando a julio y no hay nada. ¿Qué pasa con esos chicos que iban a esas actividades?”, se preguntó.
Lorenzo citó las leyes de promoción y protección de derechos del niño provincial (N° 13298) y nacional (N° 26061). “Dicen que los chicos están empoderados de derechos, que tienen derechos a que se les establezca un ámbito en el que puedan desarrollarse libremente. Lo que quiere la legislación es que se les brinde a los chicos un adecuado sostenimiento para que ellos puedan desarrollar sus capacidades”, puntualizó.
Según el Consejo, las políticas de ajuste llevadas adelante por el intendente y sus secretarias de Educación, Ana María Crovetto, y de Cultura, Silvana Rojas, “impiden el acceso a derechos elementales de 13.200 chicos en el partido de General Pueyrredon”.

Decisión “acertada”

Lorenzo consideró “acertada” la decisión de la jueza Patricia Gunsberg de citar a una audiencia conciliatoria, especialmente porque hasta aquí no hubo diálogo entre el Consejo Local y las secretarias de Cultura y Educación.
“No nos quedó otra que recurrir a la Justicia por el silencio tanto de Educación como de Cultura”, explicó. En cambio, con otras dependencias la comunicación ha sido diferente. “La Secretaría de Desarrollo Social ha concurrido a las asambleas, hemos tenido diálogo, hemos tenido la posibilidad de plantear determinadas cosas. Con Deporte también, al igual que con la Dirección de Derechos Humanos”, comentó.