por Rafael Martínez

MADRID, España.-Todas las querellas contra el antiguo jefe policial español Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, -reclamado en Argentina- son rechazadas o archivadas, pero la Justicia tiene margen para investigar las supuestas torturas de uno de los personajes más siniestros del franquismo (1939-1975), como exige el Derecho internacional.

Y eso porque en España falta voluntad y coordinación, según los jueces y fiscales consultados por EFE.

Esos juristas consideran que es necesaria una posición de fuerza entre las víctimas que desemboque en una sola querella que las aúne a todas, pero impulsada por la Fiscalía, “el actor clave” para que las actuaciones judiciales puedan prosperar.

“Lo ideal sería una querella conjunta para que no sea un goteo”, anticipa un magistrado que cree que “merece la pena hacer un esfuerzo para explorar la vía y el encaje penal porque se trata de delitos muy graves”: torturas, detención ilegal y lesa humanidad.

Hasta el momento, la Fiscalía española y los órganos judiciales se han remitido a la Ley de Amnistía (1977) y a la prescripción de los delitos porque entienden que las torturas no se pueden calificar de lesa humanidad al no ser un ataque “generalizado o sistemático” contra la población civil. Y si lo fuera, la no retroactividad de una norma más desfavorable impide actuar.

González Pacheco puede convertirse así en el personaje menos investigado de la historia democrática de España en proporción al número de querellas presentadas: quince y hasta la fecha ninguna viva, con las dos últimas pendientes de resolver.

Es por ello que las fuentes auguran poco éxito a las querellas individuales o de unas pocas víctimas. “No tiene sentido”, dicen mientras apuntan a la Fiscalía. “Tienen la llave, porque si los fiscales apoyan, raro es que un juez archive”.

Los compromisos internacionales de España

Una querella única respaldada por la Fiscalía serviría para, al menos, “poner al juez ante una mínima duda” y en ese escenario verse abocado a investigar.

España daría así cumplimiento a sus obligaciones con el Estatuto de Roma, que establece que si un Estado no extradita a uno de sus ciudadanos a un tercero que lo reclame, debe iniciar un proceso judicial.

Pero eso aun no ha sucedido, pese a que la Audiencia Nacional española se opuso a la entrega de Billy el Niño a Argentina en el marco de la querella abierta en el país sudamericano por crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo. Nadie da el paso.

Según las fuentes, “lo ideal sería investigar para dar respuesta a los compromisos de España con la legalidad internacional”, tantas veces invocada por comités y relatores de Naciones Unidas.

La última fue en 2018, cuando el relator para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, el argentino Fabián Salvioli, dijo en el Congreso español que “no hay ningún impedimento desde el derecho, ni nacional ni internacional” para juzgar y condenar a los responsables de crímenes del franquismo. No vio un problema de normativa, sino de voluntad.

“No se puede ventilar el asunto con un ‘deniego la extradición y ya'”, señala otro juez que mira directamente a la Fiscalía. Lo que ocurre es que esta institución siempre ha sido “renuente”.

Y eso pese a que el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que llevó el caso de la extradición y se opuso a la entrega a Argentina, recomendó en su escrito impulsar una investigación contra Pacheco. Pero su petición cayó en el olvido y no fue recogida ni por la Fiscalía General del Estado ni por la Fiscalía de Madrid.

La paradoja de juzgar crímenes de otras dictaduras, no la tuya

“Lo dije expresamente tanto en el informe como en la propia vista”, asegura a EFE Martínez Torrijos , ya que abrir esa investigación hubiera sido “lo más correcto”.

Aunque hay jueces que le reprochan que, si tan claro lo veía, no se diera el paso desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se quedara sólo en una declaración.

Martínez Torrijos sí ve “sin ninguna duda” el delito de lesa humanidad y defiende la tesis de capitanear una estrategia junto a las víctimas, cuya única reparación por el momento se reduce a acudir a una jueza extranjera, la argentina María Servini en este caso, para que le diga u ordene algo a uno español.

De esta forma, agrega, se evitaría que España terminase como Argentina con el dictador Adolfo Scilingo, condenado aquí en virtud de la Justicia Universal, un hito del que los jueces españoles sacan pecho cuando son loados en Latinoamérica por los mismos que luego les preguntan por qué no actúan igual cuando se tratan de los crímenes de la dictadura franquista.

Algunos reconocen que se quedan atónitos y les cuesta reaccionar. “Contrasta enormemente que para investigar y enjuiciar crímenes cometidos en terceros países apliquemos sin ningún problema el Derecho internacional, pero para investigar los cometidos aquí no”, lamenta Jacinto Lara, coordinador jurídico de las querellas presentadas por las víctimas.

El mensaje del Supremo

Lara detecta el problema: la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo (TS) español contra el exjuez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, que “condena desde un punto de vista judicial al absoluto ostracismo a las víctimas”, según dice, y condiciona a los órganos judiciales.

Aquella resolución marcó el camino para no investigar. Se amparó en la prescripción, la Ley de Amnistía y, sobre todo, el principio de legalidad y seguridad jurídica, garantizado por la Constitución española, por el cual no se puede aplicar retroactivamente una norma penal mucho más gravosa de la que existía entonces.

La imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad, -en caso de que fueran tipificados como tal-, fue asumida por España en 2004, con lo que se aplicaría a partir de ese año.

Admiten las fuentes que el TS fue contundente y claro. Se juzgó a un magistrado por ello (Garzón) y “eso está latente en muchos jueces”.

Como tampoco se puede optar por la alternativa de los “juicios de la verdad” que denominó el Supremo, esto es, investigar a sabiendas de que los delitos están prescritos o amnistiados.

“Si tiene encaje en el tipo penal se puede investigar. Pero si no va a poder prosperar, no es lo más procedente”, precisa un magistrado que no ve correcto actuar por “buenismo y voluntarismo”.

Otro ve “absurdo” iniciar un proceso para terminar en la prescripción, porque seguro que las víctimas no querrían eso. Y está en lo cierto.

Ya lo dijo el Supremo: “El método de investigación judicial no es el propio de un historiador. El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”.

Derecho de la víctima

Pero el fiscal Torrijos considera que “lo fundamental aquí es que quien ha sido víctima de un delito lo pueda contar ante un órgano judicial, no hay otro derecho más básico y eso se está impidiendo aquí”.

Sin embargo, investigar y enjuiciar no es un derecho de la víctima, como marca el Tribunal Constitucional, solo denunciar, y, si no hay indicios, que el juez le responda motivadamente.

En el caso que nos ocupa, muchos juzgados limitan su respuesta a un folio y el tribunal de garantías contesta con apenas unas líneas, como así ha hecho al denegar el amparo a varias víctimas.

Lara no se aferra solo al Derecho internacional para investigar y sostiene que hay vía incluso para condenar; si no, las víctimas desistirían. Lo que ocurre, advierten las fuentes, es que “hay nula voluntad de los jueces por explorar otras vías interpretativas del Derecho”; aunque el criterio del Supremo pesa, “la Justicia sí tiene margen para ello”.

Basta mirar a Valencia (este español), donde un juez investiga por primera vez las torturas de varios policías del régimen franquista. Delitos, años y relatos que comparten con González Pacheco.

EFE