LA PLATA (Corresponsalía).- Especialistas y otros efectores de la salud pública denunciaron que el Estado nacional y provincial se encuentra ausente de la producción y provisión de medicamentos y que ello va en detrimento de la cobertura que brindan las obras sociales.

Ayer por la mañana, en una jornada que se realizó en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA-La Plata), diversos representantes de entidades e instituciones sanitarias debatieron acerca del derecho de la población al acceso a los medicamentos como un eslabón imprescindible del sistema de salud.

Al inaugurar el conversatorio denominado “El Estado sin remedios, los remedios del Estado”, Pedro Borgini, secretario general y tesorero de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), se lamentó de que “hace 4 años que el Estado está ausente, y no sólo de la salud”.

Minutos antes, en diálogo con LA CAPITAL, Borgini había criticado que “no haya una presencia del Estado” en producción de medicamentos.

El dirigente sindical había considerado además que “hay que abaratar los costos” de la producción nacional porque “se hace cada vez más difícil para las clínicas privadas, los hospitales públicos y los consumidores en general acceder al medicamento”.

Darío Díaz Pérez, senador provincial por el PJ-Unidad y Renovación y vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, coincidió en que los funcionarios actuales “dejaron todo esto en manos del mercado”.

“El gobierno tomó la actitud de mirar de costado un problema que en la historia ha tenido al Estado como organizador central”, dijo durante su discurso.

En este punto, Díaz Pérez recordó al médico sanitarista Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación durante los gobiernos de Juan Domingo Perón -ocupó el cargo entre 1946 y 1954-, ideólogo de las campañas masivas de vacunación y promotor de la producción nacional de medicamentos y de su posterior entrega gratuita o a muy bajo costo a la población.

“IOMA paga lo que el mercado le pide”

En su disertación, Gustavo Marín, doctor en Medicina e investigador del Conicet, ejemplificó con la situación puntual que atraviesa el IOMA en cuanto a la cobertura de los medicamentos anti-hipertensivos.

En ese sentido, criticó que la obra social no evalúe el alcance y la efectividad de un remedio por sobre otro y obedezca a las reglas que le impone el sistema financiero.

“El 70% del costo de bolsillo de esos medicamentos (antihipertensivos) lo está pagando el afiliado o el copago de las obras sociales”, sostuvo Marín.

“Es decir que, a igual resultado a obtener por uno u otro medicamento, la obra social no hace un análisis –llamémoslo científico- de elegir la mejor opción: paga lo que el mercado le pide por la presión del mismo mercado”, agregó, y remarcó que “pero a las complicaciones asociadas a esta enfermedad sí las paga la obra social, al 100%”.

“Concretamente, IOMA podría cubrir al 100% los antihipertensivos –los que valen la pena obviamente- y, aun así, ahorrar dinero”, dijo el investigador.

En cambio, “ahora está permitiendo que el mercado se mueva libremente”, destacó.

La Provincia produce 40 millones de comprimidos por año

Para terminar, Patricia Rivadulla opinó en representación del Colegio de Farmacéuticos de La Plata que “el Estado como productor es una variable muy importante”, y aseguró que, hoy en día, “mucha gente se va sin su medicamento de la farmacia” por falta de recursos económicos.

La profesional se refirió finalmente al Instituto Biológico que depende del Ministerio de Salud bonaerense, que –según señaló- “produce 40 millones de comprimidos anuales y los sigue produciendo”, pero todo esto –manifestó- es gracias al “esfuerzo de la gente que está adentro: gente que si tiene frío, no tiene agua o se corta la luz, trabaja igual”.

Del encuentro participó también Arnaldo Medina, vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y primer director del Hospital público ‘El Cruce’, de Florencio Varela.