Con vistas a la realización de la audiencia pública en la que serán considerados los aumentos en las tarifas eléctricas, las centrales obreras de Mar del Plata están convocando a distintas instituciones de la ciudad para que participen de ese debate y den a conocer su opinión sobre impacto que está teniendo las fuertes subas en los valores del servicio.

Así lo hizo saber el secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios (ADUM), José Luis Zerrillo, quien subrayó la importancia de que se escuche “la voz de los trabajadores, los consumidores, las instituciones, los comercios y las empresas” que “sufren este aumento desproporcionado”.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 28 de julio en las instalaciones del estadio José María Minella de Mar del Plata, donde está previsto que se discuta acerca de las subas de las tarifas autorizadas a todas las distribuidoras de energía de la Provincia.

La reunión se realizará a instancias del juez de La Plata, Luis Arias, quien al hacer lugar a un recurso de amparo, resolvió suspender el aumento en el servicio y solicitó que se cumpla con el requisito de que los incrementos sean considerados en el marco de una audiencia pública, cumpliendo así con un requisito legal que había sido omitido.

“La CGT y la CTA de los trabajadores estamos articulando acciones para prepararnos para esta instancia junto a consumidores, instituciones y clubes para tener una participación activa y poner al descubierto cómo impacta este aumento desproporcionado”, remarcó Zerillo en diálogo con María Delia Sebastiani, en LU6.

El dirigente gremial explicó que como paso previo a participar de este debate, las centrales obreras tienen previsto organizar una “audiencia pública del pueblo”, el próximo 22 de julio, para “reflexionar” y analizar qué presentaciones se realizarán en la audiencia oficial.

“Las tarifas están produciendo un agravamiento de las condiciones económicas de Mar del Plata y en el empleo. Es algo que afecta a las familias, a las sociedades de fomento, clubes, instituciones como la universidad y a comercios e industrias que restringen sus actividad en búsqueda de un ahorro, causando problemas entre los trabajadores”, advirtió.

Zerillo aclaró que la audiencia “es no vinculante” pero consideró que aún así será un “ámbito en el cual la sociedad podrá expresar los daños que le está causando este aumento abusivo”. Una vez que se lleva a cabo esta reunión “la Provincia tendrá que comunicarle sus resultados al juez, quien tendrá que resolver qué sucede con las tarifas”, precisó.

“Existe un discurso oficial que nos dice a los ciudadanos que no tenemos derecho a calefaccionarnos ni a tener electricidad. Es algo que no podemos aceptar porque creemos que sí existen alternativas”, sostuvo.