La Justicia de Garantías elevó a juicio la megacausa contra una organización acusada de haber transferido ilegalmente inmuebles y compuesta por empresarios, comerciantes, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La jueza de garantías Rosa Frende aceptó el planteo de los fiscales de Delitos Económicos, Javier Pizzo y David Bruna, para que 27 imputados fueran a juicio.

En total, se estima que esta organización estuvo involucrada en el traspaso fraudulento de unos 50 inmuebles -de Mar del Plata, Miramar y Pinamar- entre el 2014 y 2016, mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a los imputados, el juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.

Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.

La causa

La tarea investigativa se inició por una denuncia, en la que una persona aseguraba que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.

Según la investigación desarrollada por Bruna y Pizzo, se pudo comprobar que entre 2014 y 2016 ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon y un total de 27 testimonios de subasta con relación al partido de General Alvarado. De esta manera, se concluye que la organización delictiva intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.

Para los fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrián Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, gracias al imprentero que formaba parte de la organización, elaboraban instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales.

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del departamento judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien sí existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Cazadores de propiedades

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.