La decisión del Ejecutivo de no presentar la ordenanza Complementaria del Presupuesto 2018 puede traerle más de un dolor de cabeza al intendente Carlos Arroyo. Lo advirtió el año pasado el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y al no modificarse la situación, se expone a una dura sanción. La confirmación llegará el año que viene: se estima que en abril de 2020 se dará a conocer el fallo.

“Resulta necesario el dictado de una Ordenanza Complementaria del Presupuesto para el Ejercicio 2018 que le otorgue un marco legal a los aumentos otorgados y que determine el escalafón y las nóminas salariales para el personal municipal, remuneraciones del personal titular de cargos electivos, personal superior y funcionarios de ley según lo prevén los artículos 46 y 47 de la Ley 14.656”, remarca el informe del caso que tiene como responsables al intendente Carlos Arroyo y al secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

El funcionario no envió al Concejo Deliberante la ordenanza en cuestión, que fija las remuneraciones, compensaciones y bonificaciones del personal municipal, porque dijo a fines del año pasado que las estaba revisando. Se trata de una norma que siempre se elevaba junto con el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva. En 2018 no fue así, pese a que el bloque de la UCR impulsó la devolución del expediente por el faltante de la complementaria.

Sin embargo, cuando Mourelle volvió a mandar el presupuesto lo hizo nuevamente sin esa norma adicional.
De concretarse la dura sanción, no sería la primera. El Tribunal de Cuentas formuló meses atrás cargos contra Arroyo por más de 800.000 pesos por contundentes irregularidades detectadas sólo en su segundo año de gestión.
Según pudo establecer LA CAPITAL, en el estudio de cuentas del Ejercicio 2017 el Tribunal emitió una sentencia a través de la cual formuló cargos al intendente por más de $800.000 por una serie de faltas en el segundo año de la administración de Arroyo.