por Ramiro Melucci

El primer proyecto que elevó el gobierno de Carlos Arroyo, antes que el de presupuesto y el aumento de tasas, fue el de la emergencia económica, financiera, administrativa, social, educativa y en materia de seguridad pública. Era una iniciativa ideada por el entonces secretario de Economía y Hacienda, José Cano, que buscaba dejar en evidencia los desmanejos de la gestión anterior.

A 140 días de esa declaración (empezó a regir el 1 de febrero) convalidada por mayoría por el Concejo Deliberante, la gran incógnita es qué hizo con esta herramienta el gobierno municipal. Sobre todo porque, según el artículo 9°, la Comisión de Hacienda del cuerpo legislativo debía ser “informada periódicamente de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de todos los temas referidos” en la ordenanza, que rige por 180 días con la posibilidad de una prórroga por igual período.

La comisión también debe evaluar si hubo “transgresiones a disposiciones legales referidas a la actividad administrativa, económica, financiera y patrimonial de la Municipalidad por parte de los funcionarios municipales intervinientes”.

Por ahora, sin embargo, el gobierno incumplió ese artículo. Tampoco respondió un pedido de informes aprobado en la sesión del 12 de mayo -impulsado por el concejal Balut Tarifa Arenas- que solicitaba detalles de las “compras y contrataciones que se han efectivizado y aquellas en proceso de ser licitadas”, así como de las “solicitudes de compras y adquisiciones que se han iniciado”. En ambos casos, pedía copias de los expedientes.

“Hay una obligación de informar y eso no ha sucedido. Y llevamos más de un mes desde la aprobación de un pedido de informes que tampoco ha tenido respuesta”, advirtió el concejal. “Tenían que informar periódicamente y nunca lo hicieron”, sumó su preocupación el jefe del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini.

“Tengamos en cuenta ?sostuvo Tarifa Arenas? que el argumento central que usó el Ejecutivo y el bloque de Cambiemos para pedir la emergencia en su momento fue el de la necesidad de agilizar la gestión. Pero la verdad es que se vio de todo menos una gestión ágil. No se vio gestión, de hecho”.

Tarifa Arenas fue el único edil opositor que votó el proyecto completo. “Lo acompañamos porque era una herramienta del Ejecutivo para gestionar de manera ágil. Fuimos muy criticados. Ahora, la verdad es que no se nota que hayan hecho nada con la emergencia. Se encuentran todas las cuestiones paradas, hay problemas en educación, en cultura, en salud. Area a la que vayas, tenés problemas, y la verdad es que no entendemos cómo hemos llegado a esto teniendo habilitada una emergencia como la que tiene el municipio”, lanzó.

El ahorro como bandera

Con la emergencia, defendida a cara de perro en las comisiones del Concejo, Cano pretendió establecer un contraste entre la nueva administración, que se proponía ahorrar hasta en celulares, y la anterior, seriamente cuestionada por la forma en que distribuyó los fondos de las arcas municipales.

“La presente norma -dice la ordenanza en el artículo 5°- tiene por objeto superar la crisis económica, administrativa y financiera del Municipio del Partido de General Pueyrredon y contribuir a desarrollar políticas, estrategias y programas públicos para reordenar la situación y promover una administración ordenada y eficaz, que favorezca el desarrollo local, fomentando principios de austeridad y eficiencia económica”.

El Concejo autorizó “suspender en su vigencia las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza” y a
“suspender el otorgamiento de exenciones de tributos municipales”, así como a “revisar las otorgadas con similar propósito que, por su ‘significatividad’ económica particular, resulten contrarias al estado de emergencia”.

El artículo 7° dio un paso más allá: suspendió “el uso de telefonía celular a cargo del Municipio en todas sus áreas y de las asociaciones vecinales”. Una de las preguntas que persiste es si efectivamente eso ocurrió y, en todo caso, cuánto se ahorro por la medida.

Seguridad y educación

A mediados de mayo, la Comisión de Legislación recibió al jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk. Entre otras cosas, los concejales le preguntaron si la emergencia había tenido algún efecto en la fuerza que conduce. El funcionario dijo que no y la interpretación opositora no tardó en llegar: le adjudican la frase de que la emergencia “no sirvió para nada”.

“Lo que yo dije, y lo mantengo, es que la emergencia tuvo carácter administrativo. No se hizo para que la Policía Local dispusiera de más fondos, accediera a más recursos y lograra acelerar algunos procesos de compra de equipamiento”, explicó Telpuk a LA CAPITAL.

Otra de las dependencias a la que mira de reojo la oposición es Educación. “Nos pidieron una emergencia educativa que no sabemos para qué se utilizó y está todo peor que antes”, lamentó Fiorini.

“Cada pedido que recibía la secretaria de Educación de los docentes municipales terminaba en una respuesta que se fundamentaba en que estábamos en emergencia”, coincidió Tarifa Arenas.

Los reclamos por la emergencia financiera y administrativa llegan en la antesala del debate por la adhesión a la ley provincial de emergencia en infraestructura, que el oficialismo está en condiciones de aprobar el jueves próximo y que para la oposición es conceder un permiso para acelerar licitaciones de obras sin los controles correspondientes.

“Votarla sería darles un cheque en blanco a quienes no supieron utilizar otras herramientas que nosotros mismos les votamos”, alertó Fiorini, que a principios de año avaló solo una parte de la declaración de emergencia financiera.