Unos US$ 46.000 millones deberá devolver la Argentina al FMI como parte del acuerdo que le permitió al país evitar un default, lo que representará alrededor del 5% del Producto Bruto de cada año, según un estudio difundido hoy por Ecolatina.

Desde mediados del 2018, el FMI desembolsó alrededor de US$ 45.000 millones, es decir, el 80% del stand by de casi US$ 57.000 millones acordado.

Ecolatina dijo que “si se cumplen los objetivos fiscales -hecho que descontamos- el organismo multilateral le girará US$ 5.500 millones al país antes de fin de año. En consecuencia, se habrá transferido casi el 90% del préstamo, por lo que será momento de empezar a pensar en su repago”.

Entre 2022 y 2023, la Argentina debería devolverle al FMI más de US$ 46.000 millones entre capital e intereses, lo que implica 5% del PBI de cada año.

Si a eso se le suma el calendario de pagos de bonos para esos períodos, el monto casi se duplica.

En consecuencia, el Estado Nacional enfrentaría vencimientos cercanos a un décimo del PBI en 2022 y 2023.

Si bien la situación actual cercana al equilibrio primario del Sector Público Nacional reduce las necesidades de contraer nuevos compromisos, tampoco le alcanzará para generar superávits de semejante magnitud como para afrontar estos compromisos.

Por lo tanto, una parte importante de los pasivos deberá ser refinanciada, concluye Ecolatina.

Como la mayoría de los compromisos está nominado en moneda extranjera, si el Estado Nacional no consigue esos dólares, posiblemente deba comprarlos en el mercado local, sumando así un factor de presión adicional al tipo de cambio.

El Fondo posee una modalidad: el Servicio Ampliado de Fondos, que se arregla con países que poseen problemas de balanza de pagos, es decir, una insuficiencia de moneda extranjera, tal como le sucede a la Argentina, y se focaliza en resolver la incapacidad del país para generar divisas netas y los problemas del Sector Público para comprarlas.

Además, si bien aporta fondos usualmente menores a los stand by, lo hace por un tiempo más prolongado (cuatro años) y con mayor plazo de repago (hasta diez años después de concretado el desembolso).

Por esta razón, los giros están supeditados al cumplimiento de criterios cuantitativos, como las metas fiscales, pero también a la aplicación ciertas políticas que contribuyan a estabilizar la macroeconomía.

“Considerando la situación actual de nuestro país, es probable que el próximo presidente electo tenga que avanzar en este esquema. Es tiempo entonces de ver cómo les fue a los países que requirieron un EFF, para adelantar qué podría pasarle a la Argentina en el corto plazo”, indicó Ecolatina.

Antecedentes

Desde 2002, el FMI firmó 31 Servicios Ampliados de Fondos: el mayor fue con Grecia, en 2012 y por US$D 33.000 millones (luego de un stand by de USD 37.000 millones), en un paquete conjunto con el Banco Central Europeo y la Comisión Económica Europea que superaba los US$ 250.000 millones.

Asimismo, los más recientes fueron con Ecuador y Pakistán (en marzo y julio de 2019, respectivamente) donde se establecieron reformas del sistema tributario, el régimen cambiario, la regulación del Banco Central, las legislaciones laborales y hasta programas de inclusión educativa y financiera para las mujeres.

El plan promueve cambios a lo largo de casi todo el sistema económico y social y abarca más áreas que el stand by.

Una de las principales áreas a reformar por los Servicios Ampliados suele ser la laboral: eliminar sus fricciones para que, de esa forma, crezca el empleo.

El objetivo es promover políticas de oferta para simplificar las contrataciones y, así, alentar la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, en este punto, sus resultados son magros: en el promedio de los países bajo este esquema, el desempleo subió alrededor de 3 puntos en los años que se firmó el acuerdo y tuvieron lugar las reformas mencionadas.

Al mercado laboral le tomó entre cuatro y cinco años recuperarse (volver a la situación inicial), pese al contexto de crecimiento económico.