Por Claudio Avruj (*)

Otro 18 de julio. Otro más sin justicia. Se cumplen 25 años del atentado a la AMIA, el segundo ataque que sufrió nuestro país en dos años, luego de la voladura de la Embajada de Israel en 1992.

Los culpables de aquella barbarie de julio de 1994 les arrebataron la vida a 85 personas y diseminaron dolor y tristeza en la sociedad argentina. Fue una nueva violación a nuestra soberanía y definitivamente un agravio contra la paz y los valores de la civilización.

Tenemos que seguir pensando el atentado a la AMIA, en tiempo presente. No debemos dejar de reclamarle a la República Islámica de Irán que colabore con la justicia argentina. Queremos que las alertas rojas de Interpol que siguen vigentes se materialicen, para acercarnos a la verdad. El presidente Macri ya lo ha dicho en todos los ámbitos: “La impunidad por la AMIA es una cuenta pendiente de la democracia”.

La falta de cooperación de Irán nos plantea un desafío. Debemos extremar nuestros esfuerzos para terminar con el terror. Es necesario emplear todas las herramientas que el derecho prevé para estos casos y debatir nuevos instrumentos que en el marco de la república nos ayuden a construir un país más justo. En ese sentido, el juicio en ausencia es un instituto legal acorde, ya que se aplicaría en aquellas situaciones en las que el o los imputados no se presentan ante la justicia por diversos motivos. Por estos días, se debaten tres proyectos en el Congreso de la Nación para materializar esta iniciativa que apoyamos, porque es un recurso cuya aplicación puede darles respuestas a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas después de un cuarto de siglo.

El juicio en ausencia no sólo nos acercará a saldar la deuda histórica que nuestro país tiene con los dos atentados que lo enlutaron, sino que será de gran utilidad de cara al futuro frente a modalidades delictivas cada vez más complejas y avanzadas, como por ejemplo el narcotráfico, que ha tendido redes transnacionales, y sus líderes suelen no estar en el país en el que deben ser juzgados. Desde diciembre de 2015, asumimos una pelea directa contra las mafias. Por eso, tenemos que valernos de una justicia cada vez más robusta, provista de todos los elementos para responder a los nuevos retos del presente y el futuro.

El gobierno del que formo parte tiene un fuerte compromiso con el diálogo como factor fundamental de la lucha contra toda forma de terrorismo. Su rechazo absoluto e inmediato al memorándum con Irán; la integración de la Unidad Especial AMIA al Programa Verdad y Justicia, para ser abordado como corresponde, como delito de lesa humanidad; el trabajo de llevar al ámbito internacional el reclamo de justicia, con más de 20 actividades en embajadas argentinas en todo el mundo, y actos en las sedes de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra (por primera vez en el Consejo de Derechos Humanos); la creación del Registro de personas y entidades relacionadas con el terrorismo; y la relación de respeto, diálogo y acompañamiento con la comunidad judía, los familiares y los sobrevivientes ; son todos ejemplo de ello. Son decisiones que debieron estar siempre en el horizonte de un Estado pero que sabemos que no fue así en el pasado.

Lo que pasó en la AMIA moviliza nuestro espíritu de reparación. Desde que asumimos la gestión, cambiamos el enfoque sobre esta tragedia. Que es de todos. Es nuestra. No de una comunidad o de un sector determinado. Estamos convencidos de que sólo a través del ejercicio de la memoria conformaremos una sociedad que aprenda de su historia y genere anticuerpos contra el olvido. No podemos perder de vista el sufrimiento y el dolor por el que atravesamos. Deben ser el puntapié de la enseñanza, el alimento del presente que persigue a la verdad y la garantía de un porvenir en paz.

Por ello debemos pensar siempre el atentado en tiempo presente, más aún cuando la que impera es la falta de justicia y, con ella, la impunidad.

(*) Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.