por Leandro Querido

Seguramente habrás recibido en Whatsapp un mensaje que alerta sobre un fraude en las elecciones de este año. Sin fundamentos de ningún tipo se dice que al momento de transmitir las actas de escrutinio habrá un software malicioso que cambiará los resultados. A esta campaña de desinformación ahora se le suma el comunicado oficial del partido Justicialista que pide volver “al antiguo sistema de actas de escrutinio y telegramas”.

Ese sistema que quiere restituir el partido Justicialista fue el que ha sido criticado por la ciudadanía con más intensidad desde la crisis de 2000, pasando por la elección de 2007 caracterizada por el robo sistemático de boletas, hasta la elección de 2015 en donde se produjo una alternancia, un triunfo de una oposición que incluyó en su agenda un cambio en las reglas electorales. Tanto es así que ya en el gobierno el oficialismo impulsó el proyecto de la boleta única electrónica que logró media sanción en Diputados, para luego ser “cajoneado” en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Los senadores que representaban a las provincias cuyos sistemas electorales locales violan sistemáticamente los derechos políticos de sus ciudadanos, la mayoría referentes de ese peronismo arcaico y conservador, frenaron la reforma electoral. Corresponde aclarar que no todo el peronismo tiene esta misma actitud, hay un justicialismo que no le tuvo miedo a la competencia y a la innovación electoral, los casos de Salta, Córdoba, Tierra del Fuego o Chaco así lo confirman. Sin embargo, el comunicado reciente del PJ parece redactado por ese peronismo que ha hecho de los sistemas electorales provinciales verdaderas trampas para la ciudadanía; el caso de Santa Cruz, con el artilugio del “diputado por pueblo” para apropiarse de toda la legislatura provincial, o el caso de las colectoras y los acoples en Tucumán, La Rioja o Catamarca para ganar siempre, o la eliminación de la competencia y la eternización en el poder, como es el caso de Formosa, con lemas y reelección indefinida y el festival de recursos públicos aplicados a la construcción de redes clientelares que luego se vuelcan a las elecciones, como lo muestra el caso de San Juan y otras provincias de nuestro país.

Ese sistema al que se aferra el partido justicialista de Gioja ha mostrado una inquietante fragilidad y es una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales. En las PASO de 2015, La Nación Data, Transparencia Electoral y otras ongs analizaron 16. 311 telegramas y el 48% presentó irregularidades. El 36% de los telegramas analizados presentaron casilleros vacíos (los que luego pueden ser adulterados); un 15% no informó sobre la cantidad de sobres contenidos en la urna; en un 7% no figuró el DNI del presidente de mesa, y otro 3% no contenía siquiera su firma.

Para evitar nuevamente esta situación el gobierno implementará en esta oportunidad una novedad. Desde cada centro de votación se transmitirá digitalmente cada una de las actas de escrutinio de mesa; por lo tanto, se simplifica el proceso dado que cada una de las escuelas se convertirá en un centro de transmisión de datos, desplazando a los Centros de Digitalización y Transmisión (CDT) que se disponían en las sedes del Correo Argentino. Este cambio evitará el sesgo geográfico de carga que caracterizó a las elecciones de 2017, puntualmente en el distrito de la provincia de Buenos Aires. Ahora las actas llegarán en un lapso acotado dado que estas ya no deben trasladarse desde un centro de votación a un centro de digitalización y transmisión del Correo Argentino. Este no es un tema menor.

Ahora, esta aplicación permitirá a los operadores del Correo Argentino escanear las actas de escrutinio directamente desde las 15 mil escuelas y transmitirlas al centro de cómputos, al tiempo que generará las copias para los apoderados de los partidos. Además, el software, con solo leer el código de barra del acta podrá captar automáticamente el número de página de la hoja, el número de páginas que debe contener el acta y la identificación de la mesa electoral, reduciendo así la cantidad de datos que debe cargar manualmente el operador. Este software cuenta con tres niveles de seguridad: en primer lugar, el APN, es decir, la ruta a través de la que se transmite la información, es privada (no se usa una red de internet pública); y lo que viene a proveer en específico el software: la encriptación de la VPN (la red privada virtual) y de los archivos enviados. Los paquetes de transmisión son cifrados y firmados digitalmente, de forma que, al ser recibidos en el módulo de administración, puedan ser autenticados y validados como provenientes de fuentes seguras y autorizadas, antes de procesarlos.

La aplicación registra los datos del usuario que capturó y transmitió, fecha y hora; para enviarlo como información adjunta a la imagen del acta transmitida. Esto se repite tantas veces se escanee y transmita, y se registra en una suerte de bitácora.

Con la introducción de este software el sistema electoral como tal no sufre ningún cambio sustancial, más que el lugar desde donde se digitalizan y transmiten los telegramas; que a partir de este año serán propiamente las escuelas y no los CTD. Por eso no se entiende bien el rechazo categórico del PJ a la iniciativa.

Por último, cabe aclarar que este tipo de soluciones tecnológicas se aplican en la mayoría de los países del continente. Argentina se actualiza y acorta la brecha que lo distancia de aquellos países que han aplicado tecnología en sus procesos electorales a los efectos de hacerlos más íntegros, más competitivos y equitativos.

(*): Director de Transparencia Electoral.