El ataque de una jauría a una joven en Punta Mogotes seguido de otro ataque en esta semana a un vecino del barrio Dorrego impulsó en el Concejo Deliberante una jornada para abordar la situación de los denominados “perros potencialmente peligrosos” y, en conjunto con proteccionistas y distintas organizaciones, se conformó una comisión de seguimiento y control de la normativa vigente, con la mirada puesta en los propietarios “irresponsables” y en las fallas del municipio para evitar

La Comisión de Derecho Animal del Centro de Estudio y Gestión Ciudadana y entidades proteccionistas se reunieron el viernes en el Concejo Deliberante a raíz de una convocatoria del concejal Mario Rodríguez (UCR) en la que volcaron su posición respecto a los últimos hechos ocasionados por mordeduras.

Todos los miembros coincidieron en manifestar que no debe ponerse el foco en los perros, sino en “los propietarios irresponsables” y en la autoridad de aplicación de la Ordenanza 22.031, el Departamento de Zoonosis, que no estaría llevando adelante el control debido para que se cumplan los principales propósitos para los que fue sancionada, según coincidieron las partes.

Esta semana, una mujer de 30 años fue atacada ferozmente por tres perros en Punta Mogotes y quedó internada en una clínica privada para que atendieran sus heridas. Dos días después, un hombre fue mordido por otro perro en una vivienda del barrio Dorrego cuando la víctima estacionaba su nuevo automóvil y al parecer, el can de raza pitbull no conoció el auto de quien es su vecino y lo atacó.

El concejal Mario Rodríguez destacó la necesidad de crear esta comisión de control para “hacer cumplir la ordenanza vigente” y dejó en claro que el problema “no son los perros los potencialmente peligrosos” y que “sí lo son, en cambio, los propietarios irresponsables y los municipios ausentes”.

Obligaciones de los propietarios

Durante el encuentro, Mercedes Parreira, abogada y coordinadora del CEG Ciudadana, expresó que “si se hubiesen efectuado los procedimientos e inspecciones correspondiente, se impusieran sanciones al incumplidor, y si la autoridad de aplicación no fuera la primera que incumple, es muy probable que se hubiesen evitado estos hechos”.

Es que en el caso de Punta Mogotes, señaló, quedó en evidencia la falta de cumplimiento de la ordenanza que establece determinados requisitos para tener perros considerados potencialmente peligrosos.

La normativa, en uno de sus artículos, sostiene que los propietarios no pueden convivir más de dos perros de estas características por vivienda y deben realizar cursos para aprender a manejar el carácter de los perros.

Asimismo, de ninguna manera debe admitirse que lleven suelto a su perro en la vía pública. En el caso de este tipo de animales, se indica que deben llevarlos no sólo con la correa, sino además con bozal canasta, ingresarlos al registro ya creado, llevar la documentación y contratar un seguro, entre otras obligaciones.

“No hay que entrar pánico”

El lamentable hecho que sufrió Guadalupe Ferrari en Punta Mogotes “se podría haber evitado”, indicó Parreira, quien afirmó que “es importante explicarle al vecino que no hay que entrar en pánico, ni temer a los perros”.

“Es fundamental destacar que el gran número de este tipo de hechos, no los aportan los perros callejeros. La mayoría se originan a partir de propietarios irresponsables, no controlados por la autoridad municipal que tiene la potestad y el deber de hacerlo, aplicando la ordenanza”, aclaró.

Las obligaciones establecidas en la ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas “deberían ser controladas rigurosamente por los inspectores”, y, si se entiende que se trata de una problemática que afecta a las personas, a su integridad física, “debe también colaborar la Policía Local” ya que un cuerpo de oficiales fue dotado de la formación específica para aplicar la Ordenanza 22.031, explicó.

La Comisión de Seguimiento quedó integrada por el concejal Mario Rodríguez; Graciela Ríos, presidenta de la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (Apaaa); Patricia Méndez, presidenta de la ONG Reino Animal y Caballos; las proteccionistas Marcela Córdoba y Marcela Morange; Diana Trigo, secretaria del Foro de Seguridad Municipal, María Constanza Galeano del refugio “El gran pirincho”; Mariela Diaz, Marcela Bartolomei, Silvia Caputo, Cristina Alfaro, Leidi Dominguez, Mónica Torralba, Ailín Durruty, entre otros.

“Siempre vamos a estar del lado del animal”

Marcela Morange, una de las proteccionistas que integra la comisión de control y difusión de la normativa, aseguró a LA CAPITAL que la falta de conocimiento sobre los alcances de la ordenanza es uno de los primeros problemas.

“Hay gente que no está informada que hay una ordenanza sobre los mal llamados perros potencialmente peligrosos. Si no difundimos la ordenanza la gente no sabe que hacer. Por eso a través de esta comisión y desde las redes vamos a promover el contenido de esta normativa”, dijo.

Si bien esta fue la primera reunión de la comisión, ya se delinearon algunas líneas de trabajo, por eso los proteccionistas evalúan plantear ante el Consejo Escolar la posibilidad de hablar el tema en las escuelas y articular medidas junto a la Policía local, entre otros puntos.

“Según los etólogos, los perros tienen un 30% de genética de carácter fuerte y el otro 70% lo hace el dueño. Por eso como proteccionistas siempre vamos a estar del lado del animal, porque cuando pasa algo así eutanasian a los perros y el dueño queda impune y vuelve a comprarse otro perro”, remarcó Marcela Morange y señaló que los ataques “ocurren frecuentemente” en distintas partes de la ciudad y que “es el propietario el que tiene que ser responsable”.