Casi el 45 por ciento de los casos de presos fallecidos en los últimos diez años en las cárceles federales corresponden a hechos violentos, que alcanzan los registros más altos en los penales de Villa Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

El número de presos que murieron de forma violenta en penales federales “es mayor” al que registran otros países de la región “como Brasil o Uruguay” o “al que indica el Consejo de Europa para las cárceles de ese continente”, admitió el jefe del Area de Investigaciones sobre Fallecimientos en Prisión de la Procuración, Ramiro Gual.

Se trata de datos elaborados por la PPN entre 2009 y el 2018, período en el que se registraron 425 muertes en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero 189 de ellas ocurrieron como consecuencia de episodios violentos que incluyen a suicidios, homicidios, accidentes y lesiones durante amotinamientos o protestas.

“Cuando se comenzó a elaborar la estadística, en el 2009, los fallecimientos violentos representaban el 30 por ciento de las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, y ese porcentaje se elevó prácticamente en un cincuenta por ciento durante el último período registrado, en 2018”, dijo el funcionario.

Las cifras surgen del informe anual elaborado por el organismo y que fue presentado por su titular, Francisco Mugnolo.

Violación de los Derechos humanos

Gual señaló que “esto permite identificar algo distintivo del Servicio Penitenciario y es que la prisión federal en Argentina se gobierna principalmente a través de la violencia”, y calificó las muertes bajo custodia “como una de las principales violaciones a los Derechos Humanos dentro de las cárceles”.

Por ese motivo, la investigación “se basa en el contacto con las familias y otras personas detenidas, para construir una versión propia sobre las muertes en prisión y sobre las responsabilidades estatales” vinculadas, agregó.
Según el organismo, en el lapso de los últimos diez años hubo 87 muertes por ahorcamiento, 45 por heridas de arma blanca y 24 por asfixia o quemaduras como consecuencia de incendios.

A ese total se le suman otros 33 casos que, según la Procuración Penitenciaria, corresponden a “otras modalidades menos destacadas cuantitativamente” pero que “recuperan su importancia por la gravedad de las vulneraciones de derechos que conllevan”.

En tanto, la Procuración Penitenciaria estableció que del total de muertes violentas, 75 fueron suicidios, 58 fueron homicidios, 26 autoagresiones cometidas por los presos en el marco de acciones extremas ante la ausencia de respuestas estatales sobre reclamos concretos, y 17 accidentes.

Finalmente, hay 13 casos que responden a “una categoría residual de muertes violentas dudosas” de muertes que están en “proceso de verificación”, porque se duda de si se trataron de suicidios u homicidios, consigna el informe.

Además, señaló que ocurrieron dos muertes por imposición de torturas, una cometida en 2010 durante una bienvenida en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y la otra durante una requisa en un pabellón de la Unidad 7 de Resistencia en 2012, lo que desembocó en sendos procesos judiciales en los que están procesados funcionarios de esas cárceles.

En tanto, de los 425 fallecimientos ocurridos en la última década, el 50 por ciento ocurrió en las cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y en las de Ezeiza y de Marcos Paz, que reúnen a la mitad de la población alojada en jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal y “se caracterizan por sus altos índices de violencia en la gestión del encierro”.

Gual consideró que esa situación “supone que toda persona que esté presa en una cárcel federal corre un riesgo cierto de morir allí, sumado a que hay ciertas cuestiones vinculadas con la aplicación del régimen penitenciario que agravan la situación”.

El estudio señala que esa tendencia “aumenta también cuando una persona integra algún colectivo especialmente vulnerado”: en los últimos diez años murieron 19 personas alojadas en dispositivos psiquiátricos para varones, 12 en cárceles de mujeres y seis en anexos para jóvenes adultos.

Por último, Gual añadió que “otra faceta de este trabajo es mirar a la Justicia” como responsable de investigar estos hechos, y que “el diagnóstico general es que lo hace poco, mal e ineficazmente”.

“Hay un puñado de casos que revierte esa tendencia, en los que se avanzó por la aparición de un actor no tradicional, como la familia de la víctima acompañada por la Defensoría Pública o alguna organización, o de alguna oficina especializada que incide para intentar romper ese cerco de silencio”, puntualizó.