La concejal de Unidad Ciudadana Virginia Sívori presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe sobre las intimaciones enviadas en los últimos 60 días por el Departamento de Control de Espacio Público para reparar veredas.

Sívori quiere saber cuál fue el criterio empleado para seleccionar los barrios a inspeccionar e intimar a los frentistas.

LA CAPITAL reveló el lunes pasado que esa área dependiente de la Dirección de Inspección General envió, durante todo 2018 y hasta el 31 de mayo de este año, 10.150 cédulas de notificación a contribuyentes por el estado de sus veredas, terrenos o inmuebles. Lo que implicó un promedio de 20 por día. En el mismo período se labraron 1.980 actas de contravención.

Los vecinos tienen un plazo de 10 días para regularizar su situación, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 30. Sívori recordó que el 14 de noviembre de 2018 el Concejo sancionó una comunicación que solicitaba al Ejecutivo que otorgara un plazo de 90 días corridos.

También mencionó que otra comunicación pidió al Ejecutivo “la construcción y/o reparación de las aceras frentistas de los inmuebles de dominio municipal y aquellos que ocupa con carácter de inquilino, comodatario u otra circunstancia”. En otras palabras, que el municipio arregle las veredas de sus inmuebles.

Virginia Sívori.

Sívori advirtió que “la crítica situación económica que atraviesan los vecinos amerita que el Departamento Ejecutivo considere alternativas para lograr que paulatinamente las zonas residenciales del partido de General Pueyrredon cuenten con veredas que permitan transitar en forma segura y accesible”.

Según indicó, construir una vereda de hormigón de 1,50 metros de ancho con trotadora para el ingreso de un auto en un lote de 10 metros de frente requiere “una inversión de $ 45.000”. La concejal opositora alertó que “numerosos vecinos manifestaron preocupación porque no se encuentran en condiciones de afrontar el alto costo”.