El bloque radical del Concejo Deliberante planteó una serie de modificaciones a las ordenanzas fiscal e impositiva proyectadas para este año por el Ejecutivo local.

La concejal Cristina Coria adelantó este martes las variantes que su bancada incluir en el marco del tratamiento de las normas que fijan los tributos municipales, que se analizan en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante junto con el presupuesto.

El debate del paquete presupuestario tomó nuevo impulso a partir de que el Concejo convocó para el lunes próximo a la audiencia pública del presupuesto.

Coria anticipó a LA CAPITAL que las modificaciones solicitadas “van en la misma línea de las planteadas el año pasado” porque, “a pesar de toda la discusión que hubo”, el gobierno de Arroyo insistió en gran parte de sus planteos. A entender de la radical, las medidas oficiales aumentan la presión fiscal para actividades clave de la economía local.

La concejal reclamó que el Ejecutivo envíe una simulación para saber “cuál va a ser el impacto real” de la suba de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU). En esa línea, planteó “un tope en todas las categorías, que no debería ser superior a los porcentajes que viene aplicando la Provincia y el municipio, del orden del 38%”.

Coria también advirtió que “las actividades primarias no deberían estar gravadas”, y señaló que para el radicalismo “conceptualmente no corresponde el gravamen a las exportaciones”.

Para aliviar la presión fiscal de los natatorios, la concejal solicitó además la eliminación de “un viejo derecho” por pileta o espejo de agua. Hoy implica un desembolso de “$ 15.000 por pileta”. Figura en el capítulo referido a los “juegos permitidos”, por lo que según la concejal el municipio no estaría entendiendo “que la pileta tiene una función que va más allá de un juego: está vinculada a la salud y el deporte”. Coria señaló que este derecho “ha tenido fuertes incrementos”, por lo que su eliminación “puede ayudar” a los natatorios.

El radicalismo insistió además con las exenciones “para teatros, martilleros y otras profesiones” que según el Ejecutivo no cumplen los requisitos para tener ese beneficio.

Otro punto que rebate la UCR son los anticipos mínimos en Seguridad e Higiene, que “contemplan un piso de facturación que no se estarían condiciendo con la realidad”. Coria alertó que el proyecto del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, “nuevamente vuelve a dejar al sector de la publicidad fuera de competitividad con gravámenes que realmente son muy altos”.

Exigió un nuevo análisis del tributo que pagan las canteras y un aumento de “cero por ciento” de la tasa vial, que el año pasado “tuvo un incremento de 500%”.

Además, se pronunció contra el pago de los derechos de oficina para algunos trámites. “Se supone que un trámite en el Banco de Tierras o por vivienda social, que en general realiza gente con escasos recursos, no debería generar inconvenientes para el contribuyente”, mencionó Coria.