El Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad la declaración de emergencia “contra la violencia por motivos de género y diversidad” por un año en el distrito.
La norma, que había sido impulsada por el gobierno de Carlos Arroyo y recibió aportes de la Multisectorial de la Mujer y los distintos bloques legislativos, establece una serie de acciones para asegurar la protección de las víctimas.
Uno de los objetivos que se fija es ampliar el régimen de asignaciones económicas temporales que se otorga a las víctimas de violencia contra la mujer y el colectivo LGTB establecido por el decreto 980/2014, e incrementar el monto del beneficio al 45% del haber mínimo jubilatorio nominal determinado por la Anses.
La ordenanza declara la necesidad de “arbitrar los medios necesarios con las áreas de incumbencia para lograr un cupo de viviendas en los planes realizados por el Instituto Provincial de la Vivienda u otro organismo estatal para las mujeres víctimas de violencia”, entre las que tendrán prioridad aquellas con hijos a cargo.
Encomienda gestionar ante el Banco de Tierras Municipal terrenos fiscales destinados a la construcción de viviendas para entregar ?en los casos que así lo ameriten y según las evaluaciones del equipo interdisciplinario del programa de violencia? a mujeres víctimas de violencia e integrantes del colectivo LGTB en situación de violencia”.
Establece la necesidad de “ampliar, refuncionalizar y poner en valor al hogar de tránsito para víctimas de violencia doméstica ‘Dra. Gloria Galé’ y gestionar la creación de un hogar de medio camino que coadyuve y complemente la asistencia a las mujeres” que necesiten más tiempo de permanencia y contención.
Otra de las acciones incorporadas para proteger a las víctimas es “gestionar ante las distintas jurisdicciones estatales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras organizaciones la cooperación internacional descentralizada de recursos para implementar programas de prevención, capacitación y asistencia que favorezcan la eficiencia y maximicen los resultados en la calidad de vida de las víctimas y en el desarrollo potencial de los recursos humanos abocados a la temática”.
A través de la ordenanza se buscan fortalecer las acciones y dispositivos del Programa de Asistencia y Prevención a las Víctimas de Violencia de Género y Diversidad, para así garantizar la asistencia integral interdisciplinaria las 24 horas y los recursos humanos necesarios.
El Concejo también estableció el objetivo de crear un programa de capacitación y sensibilización permanente para todos los agentes municipales, con especial énfasis en la participación de aquellos que intervienen en la atención de víctimas de violencia de género.
Las autoridades municipales, a su vez, deberán gestionar ante las provinciales la ampliación de recursos destinados a la Comisaría de la Mujer y la Familia, así como la pronta apertura de una sede en la ciudad de Batán.
Entre los propósitos figuran, además, “diseñar programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo para contrarrestar estereotipos, prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas basadas en la desigualdad de género”. También crear, junto con la Oficina de Empleo Municipal, una bolsa de trabajo que priorice la formación y colocación laboral de las víctimas.

Un observatorio

La ordenanza crea un observatorio para elaborar diagnósticos, recabar información, publicar informes, realizar estadísticas, monitorear políticas públicas y formalizar convenios de cooperación con universidades y organismos educativos locales, ONG, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
El observatorio estará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, que coordinará el plan de trabajo, y participarán organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Para ello, en 30 días desde la promulgación de la norma, la dependencia conducida por Vilma Baragiola deberá convocar a las instituciones que trabajan en la temática, los órganos de la justicia, la Comisaría de la Mujer, las áreas del Departamento Ejecutivo y a un integrante del Concejo.
Los recursos que demande el cumplimiento de la ordenanza “deberán financiarse a partir del incremento e incorporación de los montos respectivos a las partidas presupuestarias correspondientes al presupuesto de gastos de la administración central del presente ejercicio”, indica el artículo quinto de la norma.