El gobierno de Carlos Arroyo recurrió hoy a la Justicia para solicitar su intervención en el marco del acampe que desde el miércoles a la noche llevan adelante integrantes del Polo Obrero frente a la Municipalidad.

El Ejecutivo planteo ante la Fiscalía General de Mar del Plata, a cargo de Fabian Fernández Garello, “la necesidad de liberar la vía pública y los espacios verdes de la ciudad que se mantienen ocupados por unas 50 personas, entre mayores y niños de corta edad, con un acampe desde hace 48 horas sobre la calle Hipólito Yrigoyen entre avenida Luro y San Martín, donde se han quemado objetos sobre el pavimento generando la rotura de la capa asfática”.

El pedido formulado ante la Justicia, explicó el Municipio, “se sustenta en que el corte total de la arteria y la utilización de un sector de la Plaza San Martín implica la afectación de los derechos de transitar libremente y el desarrollo de las actividades de la administración pública y del un sector comercial del microcentro”.

El acampe se inició el miércoles al término de una jornada plagada de protestas, movilizaciones y ollas populares en diferentes puntos de la ciudad. El Polo Obrero decidió instalarse frente al Palacio Comunal para exigir programas de empleo y la entrega de alimentos a los comedores barriales que atienden poblaciones en evidente vulnerabilidad.

En estas 48 horas “no hubo diálogo”, indicaron desde la organización social y evidenciaron la falta de predisposición del gobierno local para enfrentar el reclamo.

Tras la presentación judicial, el gobierno comunicó que “el reclamo no se refiere a obligaciones pendientes del municipio con los manifestantes” y citó la vinculación de los hechos con otras denuncias formuladas por situaciones similares.

En ese sentido, el Ejecutivo hizo referencia a la acción de amparo deducida oportunamente por la Comuna en el año 2017, recientemente resuelta por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el expediente “Municipalidad de General Pueyrredon. Acción de Amparo-confl. de competencia art. 7 inc. 1º Ley 12.008”. 

“De tal modo, la Suprema Corte ha admitido la posibilidad de que se denuncien, e investiguen situaciones donde a partir de protestas o reclamos o marchas o cortes de calle se pueden generar hechos que afecten otras garantías consagradas por la Constitución Nacional en perjuicio de la comunidad”, agregó el Ejecutivo al argumentar la presentación judicial.

En este caso en particular, el del acampe del Polo Obrero, “el bien público ambiental se encuentra comprometido por la quema y combustión de distintos elementos sobre la capa asfáltica, generando emisiones de gases impropias que indudablemente pueden afectar la salud de la población y el medio ambiente; además de impedir la normal circulación en la vía pública”, completó el Ejecutivo.