Los presidentes de bloque del Concejo Deliberante dieron su venia hoy para que el titular del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, emita un decreto ad referéndum para otorgar a una conservera de pescado un permiso precario por un año.

La decisión beneficia a la firma Marbella, ubicada en Strobel y Dardo Rocha, en Parque Luro, donde se desempeñan 80 trabajadores y los puestos laborales indirectos alcanzan a 150 familias.
En un principio, el Ejecutivo no había renovado la habilitación, pero esta semana envió al Concejo un proyecto de ordenanza para hacerlo. Allí recuerda que la fábrica está en un sector residencial, por lo que la actividad que desarrolla “resulta urbanísticamente incompatible” con su emplazamiento.

Sin embargo, el gobierno priorizó “las derivaciones económico-sociales que provocaría el traslado o la pérdida no solo del equipamiento o de la maquinaria instalada, sino de las fuentes de trabajo”.
La Secretaría de Desarrollo Productivo había solicitado una prórroga por cinco años debido a que “el emprendimiento contribuye en forma significativa a la generación de ingresos y trabajo genuino”, la empresa “exhibe certificado de Aptitud Ambiental” y no le constaban “denuncias o quejas de vecinos derivados del ejercicio de la actividad”.

Sin embargo, el Ejecutivo puntualizó que hubo “presentaciones de vecinos ante OSSE e Inspección General”. Sobre las denuncias presentadas en Obras Sanitarias, mencionó que el cuerpo de inspectores de la empresa “acudió ante cada reclamo” y no observó “volcamiento alguno en la vía pública”. Por su parte, en cuanto a las referidas a la calidad de los efluentes cloacales, se reconocieron “ajustes” de la firma que “posibilitaron la verificación del cumplimiento de los parámetros previstos en la normativa vigente en la materia”.

El permiso está condicionado a una serie de requisitos, como mantener vigente la certificación de aptitud ambiental durante todo el lapso del permiso precario, no incrementar la superficie cubierta del establecimiento, reservar los espacios internos destinados a carga y descarga consignados en los croquis de habilitación y no ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente con la actividad o con cualquier elemento fijo o móvil.
También habrá un monitoreo y control particularizado del funcionamiento de la empresa para analizar los ruidos molestos, el tránsito vehicular, la emanación de olores, la higiene de la vía pública y la calidad de los efluentes cloacales. Además, cualquier denuncia “verificable” de vecinos “dejará sin efecto el permiso”.