Si se busca a Sergio Sala en internet es poco lo que habrá de encontrarse. Eso sí surgirán miles de resultados de algunos homónimos pero de Sala, el hombre detenido a fines de marzo por liderar presuntamente una banda dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero en Mar del Plata, no aparecerá demasiado. Apenas, como destacada, una noticia sobre su actuación en su rol de piloto de autos de carrera y que lleva un título con una doble lectura: “Sala, el dueño de Mar del Plata“.

Por estas horas Sala, a quien se lo conoce por el apodo de “Cocón”, y varios integrantes de su familia fueron procesados y permanecen detenidos en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Para muchos con su caída se derrumbó uno de las grandes leyendas del narcotráfico en Mar del Plata.

Un informe judicial sostiene que “en el mundillo de la droga marplatense, sin temor a exageraciones, la figura de Cocón Sala reviste una condición cuasi mitológica o bien de leyenda urbana”.

“Eso mismo, un mito no comprobado, una leyenda urbana”, dice su abogado defensor Wenceslao Méndez (presidente del club Alvarado) para quien “la detención de Sala tiene una falta de calidad en las probanzas llamativa, son dimes y diretes de otras causas, donde aparecen nombres de pila y pseudónimos. La de Sala y las demás detenciones tienen muy poca solidez. De Sala siempre se habla y no tiene ni un solo antecedente penal”.

Es cierto, sobre Sala no pesan condenas previas y en el Fuero Civil Económico tuvo su única causa: fue sobreseído. Sin embargo desde hace más de una década se lo vincula de manera permanente con el narcotráfico en Mar del Plata.

Esta vez, la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti acusan a Sala de liderar no solo una organización de venta de drogas, sino, principalmente, de tener montada una ingeniería contable para lavar grandes cantidades de dinero.

El miércoles 27 de marzo se llevaron a cabo 26 allanamientos, la mayoría de ellos en Mar del Plata, pero otros tres en Tigre, Misiones y en la pequeña localidad de La Caleta, partido de Mar Chiquita. Los objetivos de la Justicia Federal fueron los bienes patrimoniales de todo el “clan”, como lo definieron en la esfera judicial. Mansiones, vehículos y comercios.

Autos secuestrados durante los allanamientos.

Sala, dos de sus hermanas, un cuñado, dos ex mujeres y una ex cuñada fueron detenidos, también otra mujer, que fue de inmediato liberada.

Como suele suceder con frecuencia, desde el Ministerio de Seguridad se le impuso un nombre rimbombante y poco vinculado al operativo, en este caso fue “Poseidón”, y se lo utilizó para exhibir los secuestros pero no para informar con precisión.

Mazzaferri asegura en su imputación que la familia Sala manejó y maneja “exuberantes fondos de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes”.

En el procesamiento, firmado por Inchausti el pasado miércoles, se ratificó toda la investigación del Ministerio Público, se acusó a Sala de ser el jefe y organizador de una asociación ilícita para actividades de contrabando de estupefacientes y narcotráfico, y lavado de activos, y a los demás miembros de la familia por ser miembros de esa organización. También se trabó un embargo conjunto de 100 millones de pesos.

La historia de un mito

Para la fiscal Mazzaferri y el juez Inchausti, los vínculos de Sala con el narcotráfico dejaron un ligero rastro pese a su asombrosa capacidad para la discreción. En ese sentido, es considerado una “mente brillante”, de una gran creatividad. Esos rastros se remontan al 27 de abril de 2008 y llegan a la actualidad, su organización funcionaba cada vez con más incidencia en el negocio de la droga local y trasnacional.

Aquella fecha no es caprichosa: el 27 de abril de 2008 fue un domingo en el que un marplatense intentó atravesar el aeropuerto de Ezeiza, para embarcarse en un vuelo a España, con un kilo y cuarto de cocaína entre sus ropas. Al declarar, señaló a Sala como su “líder”. Fue la primera mención sólida a Sala en una causa judicial, aunque para entonces ya estaba en la mira de la Justicia.

En el año 2006 habían empezado a sustanciarse algunas causas que investigaban la venta de drogas a gran escala en Mar del Plata y Sala aparecía mencionado. Claro que su disputa contra la Justicia y la Policía, para Mazzaferri, también estaba la vista. El 14 de junio de ese año Sala presentó una denuncia en la que afirmaba ser víctima de acoso por parte de la policía, que le quería incriminar ese delito a él y a su familia y también el juez federal Alejandro Castellano.

Los expedientes en la Justicia Federal se fueron acumulando pero sin mayores consecuencias ni avances.

Al mismo tiempo la Justicia de la Provincia advertía que en muchas investigaciones exitosas (Operativo Milonguita, Banda de la Tía, Causa Rebollo, Operativo Cato, Operativo Dólar Blanco) siempre sobrevolaba la omnipresencia de Sala, ya sea como un simple referente o como alguien vinculado de manera indirecta. Pero jamás al centro. Los márgenes eran su comodidad.

Incluso, como muestra de esa condición escurridiza de su figura, un hecho del año 2011 quedó oculto en el laberíntico mundo judicial (y policial). El 15 de septiembre de ese año la agencia de automóviles MundoCar, de Colón al 5100, fue escenario de un robo por demás particular. Personas armadas entraron al negocio y luego de amenazar de muerte al encargado Eduardo Taberna, uno de los hoy detenidos, se llevaron 4 automóviles: un Mercedes Benz color bordó, un Mini Cooper color azul, un Peugeot 307 color gris, y un Ford Ka color champagne. Si bien la policía investigó ese episodio como un robo, las características propias de lo sucedido lo hacían parecer más un “cobro” que otra cosa. Es improbable que una banda de delincuentes se especialice en dar ese tipo de golpes, para el cual se necesita una importante logística, ya que ningún ladrón de autos sale en grupo comando y se lleva cuatro vehículos a la vez. Los autos luego aparecieron.

Reordenamiento

La fiscal Laura Mazzaferri asumió en la Fiscalía Federal N°1 en 2014 y luego de dos años pudo realizar un dictamen reordenatorio por aquellas causas que radicaban en el juzgado del entonces juez Alejandro Castellanos. Eran entre 10 y 12 que no estaban unificadas y ni siquiera estaba distinguido el objeto procesal, es decir, qué tipo de hechos ilícitos podían ser acreditados a los investigados, principalmente a Sala.
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ambién por entonces, el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, profundizaba en los negocios del empresario Gustavo Sancho, causa que luego desembocaría en el megamediático Operativo Quijote y la detención del empresario Gustavo Sancho a fines de 2017.

Lo concreto es que todas las investigaciones marplatenses pudieron canalizarse en una sola causa por presunto tráfico de drogas (12017244/2012 en 2012), a la vez que, naturalmente, se desprendió otra por lavado de activos (la número 30084/2017 en 2017). Porque lo más relevante que surgió del mundo del “clan Sala”, según la fiscal Mazzaferri, fue el desmedido incremento patrimonial no justificado de muchos de sus miembros.

En junio de 2018 un trabajo del CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) en la Justicia de Provincia fue enviado a la Justicia Federal y resultó de una ayuda tan importante que posibilitó acelerar los tiempos de la investigación. Es que a Sala se lo venía monitoreando desde distintos ámbitos judiciales y casi sin buscarlo, porque no hacía más que investigarse alguna organización que ya se aparecía su nombre o su apodo.

Su rol como gran distribuidor de droga en Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades solo aparece prueba referencial. Arrepentidos y procesados lo mencionan como su proveedor. Y dicen que su base de operaciones es su taller mecánico.

En la mediática causa “Milonguita”, una organización de 13 personas, la mayoría presa, algún fallecido y todos imputados, la Justicia encontró vínculos entre Sala y el principal investigado, Gustavo “Gaita” Alonso, por otra tercera persona actualmente detenida por una causa de drogas Pablo Calandria.

Calandria es precisamente la persona que había quedado prófuga tras el Operativo Sancho y a quien detuvieron en el Shopping Alto Palermo en octubre último. En ese procedimiento hubo un intento de fuga e incluso se reportaron tiros dentro del centro comercial, pero finalmente Calandria fue detenido. Las cámaras de televisión en vivo mostraron la captura y a Calandria acompañado de otro hombre: Sergio Sala. Pero Sala fue liberado de inmediato.

Según el procesamiento de Inchausti, Sala y Calandria hasta eran socios en algunos emprendimientos comerciales.
El 8 de marzo pasado la fiscal Mazzaferri entendió que ya era suficiente la prueba recolectada y pidió casi 30 allanamientos, en viviendas, comercios y talleres mecánicos de la ciudad. También en Misiones y en Tigre. El juez Inchausti autorizó y el 27 de marzo se ejecutaron esas órdenes. Se secuestraron 48 vehículos que ahora el juez Inchausti ordenó el secuestro con fines de decomiso al igual que 14 domicilios distribuidos en barrios Caisamar, Constitución, Los Pinares, Parque Luro, Los Troncos, Centro y Bernardino Rivadavia.

La Justicia cree que la familia Sala adquirió numerosas propiedades (algunas de ellas tan fastuosas que ocupan un cuarto de manzana en el barrio Los Troncos) con dinero del narcotráfico y que adjudicaban su bienestar económico al negocio de la venta de automóviles.

Tras los allanamientos de marzo, Sala y sus familiares quedaron detenidos. Una mujer fue beneficiada con el arresto domiciliario, otros hombre fue liberado por falta de mérito. “Estamos analizando la información que hay en el expediente, pero creemos que se está basando todo más en la creencia del mito que en la existencia de prueba”, dice Méndez.

La historia judicial del “mito” tuvo un comienzo. No se sabe cuál puede ser el final.