En Argentina todos conocen a alguien que considera que quienes cometen robos o asaltos a mano a armada deben ser abatidos. Hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el propio presidente Mauricio Macri, brindaron reiteradamente su apoyo a víctimas del delito o policías que balearon a ladrones antes de que la Justicia determinara si habían actuado o no en legítima defensa.

Por eso, era de esperarse que un jurado popular difícilmente emitiera un veredicto condenatorio en un caso como el de Lino Villar Cataldo, el médico que en 2016 mató de un tiro a un delincuente que lo había asaltado en la puerta de su consultorio de San Martín. Y la conclusión del debate, en el que resultó absuelto, volvió a poner en cuestionamiento la capacidad de las personas que no conocen de leyes a la hora decidir acerca de la culpabilidad de un imputado.

De todas maneras, desde junio de 2015, cuando se implementó esta modalidad de juicios aprobada dos años antes, en Mar del Plata no han sido muchos los casos resueltos de esa forma. Más precisamente, en cuatro años sólo se realizaron trece de estos debates: se dictaron ocho condenas y cinco absoluciones.

Si se tiene en cuenta la estadística, es una cantidad baja en relación al número de causas que se inician en la ciudad y la zona. Por ejemplo, en Bahía Blanca y Azul, cuyos departamentos judiciales son más pequeños, hubo alrededor de 30 juicios de este tipo sólo durante 2018.

Cabe destacar que la cuestión no sólo divide a la prensa, sino también a los propios actores judiciales. Hay grandes juristas y profesores de Derecho a favor de que los casos penales de gravedad se resuelvan con la opinión de un jurado popular, como herramienta de democratización de la Justicia, pero también existen otros muy prestigiosos miembros de la comunidad académica que se muestran absolutamente en contra.

No obstante, en la provincia de Buenos Aires hubo hasta ahora 280 juicios por jurados: 76 por ciento de ellos terminaron en condena y 24 en absolución de los imputados. En tanto, a lo largo del país existen otros distritos en los que este tipo de debate no se ha implementado. Por ejemplo, Mendoza tuvo la semana pasada el inicio del primero en su historia.

Cabe destacar que los juicios por jurados sólo están previstos para su aplicación en casos cuyos imputados estén acusados de haber cometido graves delitos que estipulen altas penas en prisión.

En la provincia de Buenos Aires, el jurado debe ser constituido por 12 personas, y otras seis personas son designadas como suplentes, en ambos casos con paridad de género.

Los jurados son seleccionadas por sorteo, de acuerdo a los tres últimos números del documento de identidad.
Para constituir un jurado, se presentan los 48 ciudadanos a las partes, es decir al Defensor, Fiscal y si lo hubiere, al letrado del particular damnificado, para que puedan recusarlos si consideran que hay conflictos de interés u otras razones.

Una vez que se excluyen a los participantes objetados, se vuelven a sortear los nombres para llegar a la composición final de 12 titulares y 6 suplentes.

El problema es que la misma ley de juicios por Jurados exige la presencia de 48 personas para la selección y si no se llegara a ese número y las partes consideraran que deben recusar a varios integrantes, con lo que no se llegaría a 18 personas seleccionadas, se pondría en riesgo la realización del debate.

Por otra parte, vale destacar que durante este tipo de debates no deben revelarse en los medios de comunicación las identidades de los jurados ni publicarse sus rostros en fotografías o imágenes de video, con el objetivo de preservar su seguridad.

El más recordado y el último

Tal vez el más recordado de los juicios por jurados realizados en Mar del Plata sea el que tuvo como imputado a Cristian Pilotti, quien en enero de 2015 desfiguró a golpes a su entonces novia, Victoria Montenegro.

El caso se resolvió con el veredicto condenatorio de Pilotti en diciembre de 2016. El juez Néstor Conti le impuso una pena de 3 años y 9 meses de prisión, y como llevaba detenido más de la mitad de ese tiempo, en enero de 2017 recibió el beneficio de la libertad asistida.

El jurado compuesto por 12 civiles había hallado a Pilotti culpable del ataque pero desestimó la figura de “tentativa de femicidio” impuesta por la fiscalía que encabezaba Leandro Favaro y por la que había llegado a juicio oral.

El último de los casos definidos bajo esta modalidad en Mar del Plata ocurrió en febrero de este año y también contó con veredicto condenatorio de una pareja.

Se trata de Daiana Telechea (24) y Lucas Alvarez (30). Ambos fueron imputados por provocar la muerte del hijo de ella en 2013, tras diversos zamarreos y maltratos. El juicio oral por jurados se realizó ante el juez Facundo Gómez Urso y el fiscal fue Juan Pablo Lódola.