Ricardo Favarotto, ex camarista y actual profesor de litigación penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es uno de los académicos que defienden fervientemente la aplicación de la modalidad de los juicios por jurados. Inclusvo, fue uno de sus mayores impulsores.

En medio de la polémica que nuevamente se instaló con respecto a este tipo de debate, Favarotto habló con LA CAPITAL y volvió a señalar que “la sociedad está preparada para decidir sobre cuestiones de hecho y prueba, sin dudas”.

–¿Cuál es la evaluación que se hace de este formato de debate después los primeros años de implementación?

-La evaluación que es posible hacer es altamente positiva, aun sin dejar de admitir que quedan asignaturas pendientes, que en este recorrido hubo marchas y contramarchas y que siempre es posible introducir mejoras, es innegable que el camino al juradismo es progresivo e irreversible. A nuestro país le insumió más de un siglo y medio hacer realidad el mandato constitucional de 1853, pero en las actuales condiciones no hay dudas el jurado no tiene vuelta atrás. La participación directa de los ciudadanos, respetando la paridad de género, en la toma de decisiones que hacen al desarrollo de nuestra vida institucional, en especial, al ámbito forense, implica una profundización de las prácticas democráticas aplicadas a un sector de la administración de justicia que es particularmente sensible, como es el de la Justicia penal, aunque esta matriz procesal podría ser extendida también a la resolución de conflictos de derecho privado.

–¿Existe un seguimiento de cómo funciona este nuevo sistema en los distintos departamentos judiciales?

-Sí. No sólo la Suprema Corte de Justicia provincial ha creado la Oficina Central de Juicios por Jurados que habilitó un portal de internet para recabar información al respecto, sino también en las universidades públicas vienen funcionando distintos Observatorios de Juicios por Jurados que se encargan de monitorear el funcionamiento del nuevo sistema. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mar del Plata está por implementar el suyo, semejante a los ya existentes en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y a la Universidad Nacional del Centro en Azul, entre otros. El objetivo general de este tipo de observatorios consiste en recabar y sistematizar datos empíricos sobre el desarrollo de los juicios por jurados que permitan analizar su funcionamiento y generar estudios sobre su diseño institucional, el impacto en los operadores jurídicos y las consecuencias sociales de su implementación.

-¿Cuáles son los resultados de ese seguimiento?

-Desde la puesta en marcha de la ley 14.543, o sea, en el período que va de 2015 a 2018, se realizaron 280 juicios por jurados en toda la provincia, en los cuales se registró un 76% de veredictos de condena y 24% de veredictos no condenatorios. Los departamentos judiciales que más juicios hicieron son Bahía Blanca, Azul, San Martín y La Matanza, en ese orden.

-¿Y en Mar del Plata?

-En nuestro departamento judicial se hicieron trece juicios por jurados, con ocho condenas (61,5%) y cinco absoluciones (38,5%), cifra significativamente menor a la de Bahía Blanca o Azul, por ejemplo. Para el corriente año hay media docena de juicios pendientes.

Casos polémicos
e infraestructura

–¿Qué le representa que este formato de juicio sea utilizado en casos polémicos como el del carnicero Oyarzún o el médico Villar Cataldo, donde la lógica indica que un jurado compuesto por civiles tienda a ponerse del lado del asaltado que terminó matando al delincuente?

-En los casos citados es evidente que las proposiciones de las defensas lograron una mayor empatía con el jurado y algo similar sucedió en el primer juicio por jurados aquí en Mar del Plata, a fines de junio de 2015.

-¿Pero está la sociedad en condiciones de discernir la diferencia entre la legítima defensa y el exceso en la legítima defensa, cuando por la inseguridad la mayoría de la gente vive con temor?

-La sociedad está preparada para decidir sobre cuestiones de hecho y prueba, sin dudas, pero cuando la acusación da por sentado en la audiencia que hubo una causal de justificación del delito, como la legítima defensa, luego debe hacerse cargo de las dificultades que representa acreditar que quien se defendió, porque así lo admite el acusador, lo hizo más allá de la necesidad racional del medio empleado. Hay que tener en cuenta que nadie puede cometer un exceso en la legítima defensa, si antes no estuvo en situación de legítima defensa, del mismo modo que alguien no puede salir de un lugar donde nunca ha entrado. A mi parecer, algunas de estas situaciones pueden explicarse mejor por errores estratégicos de quienes ejercen la acción penal, al haber diseñado una teoría del caso poco realista, en tanto fue incapaz de neutralizar la conocida identificación que existe en la población con la víctima en los delitos contra la propiedad.

–A diferencia del resto de los departamentos judiciales, Mar del Plata no cuenta con una sala adaptada para la comodidad de la gente en la realización de juicios comunes de mucha trascendencia y mucho menos si se llevan a cabo bajo esta modalidad. ¿Se está haciendo algo para que se consiga contar con un lugar apropiado para los debates?

-Sí, desde luego. El año pasado la presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata logró que la Suprema Corte de Justicia decidiera que un amplio sector del entrepiso del edificio central de tribunales, sea asignado a la construcción de una sala de audiencias para juicios por jurados. A la fecha, queda pendiente que la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte concrete el traspaso de dicho espacio, donde antiguamente funcionara el área comercial del Banco de la Provincia, al Poder Judicial. Ojalá se concrete a la mayor brevedad. De todos modos, el hecho de no contar con una sala de audiencias apropiada es una gran limitación para el normal desarrollo de los juicios por jurados, pues el escenario del ritual judicial cumple una función simbólica importantísima no sólo para los protagonistas del drama penal que se reconstruye en el marco del juicio, sino para toda la sociedad.

Baja cantidad de debates

–¿Cómo se explica que Mar del Plata tenga tan baja cantidad de juicios por jurados, comparada con el resto? ¿Se debe a la falta de conocimiento?

-La posibilidad de renunciar a la aplicación del jurado depende de una decisión personal del imputado, convenientemente asistido por su defensa. Creo que en muchos de nuestros operadores forenses hay fuertes resabios de una formación jurídica que mira con desconfianza al juradismo, pero esa tradición cultural irá cediendo poco a poco.

–¿Cómo modificó el juicio por jurados el aprendizaje en el ámbito académico?

-La enseñanza de la litigación penal al servicio de un sistema procesal acusatorio ha venido creciendo progresiva y sostenidamente en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tanto para los estudiantes de la carrera de abogacía, como en los niveles de postgrado y doctorado. Y no sólo en nuestra ciudad, sino también se han dictado cursos de capacitación y entrenamiento de operadores jurídicos en los departamentos judiciales de la zona, tal los casos de Dolores, Tandil y Necochea. Este redireccionamiento de la actividad académica donde son comunes los simulacros de juicios por jurados con participación comunitaria, está orientado a favorecer un cambio sustancial en las prácticas de los futuros y actuales litigantes, incluyendo a los jueces, que permita acompañar la transformación normativa que se viene dando en el plano provincial, a partir de la sanción de la ley 14.543, con los modos concretos de ejercer la abogacía y las funciones requirentes y jurisdiccionales.

–¿Qué repercusiones cree que ha tenido en la sociedad?

-El impacto social ha sido sumamente positivo, a mi entender. No hay que perder de vista que si bien se trata del cumplimiento de un aletargado instituto constitucional, desde hace décadas se viene profundizando la distancia existente entre las expectativas sociales y el desempeño del sistema judicial en el fuero penal. Esa distancia en la actualidad alcanza magnitudes nunca antes vistas, ya sea por razones atendibles, como la morosidad y escasa efectividad del sistema judicial en los casos de criminalidad compleja, o bien por motivos inatendibles, como la aspiración de que las sanciones penales sirvan de escarmiento más allá de la responsabilidad por el delito cometido o, peor aún, cuando no exista prueba suficiente de la culpabilidad del autor. En cualquier caso, el juicio por jurados es una herramienta democrática para la participación ciudadana en los asuntos públicos y así dicen percibirlo, por lo general, aquellos a quienes les ha tocado desempeñar la función de jueces ocasionales.