Por Ramiro Melucci

En los últimos días los concejales tuvieron que buscar y ponerse a leer la ley provincial 14812, a la que el gobierno de Carlos Arroyo busca adherir. Y ya sacaron las primeras conclusiones: el oficialismo la considera una herramienta clave para acelerar plazos en la ejecución de obras públicas; la oposición, un mero atajo en la intención de esquivar controles.

Como sea, la adhesión a la ley que declaró en la provincia la emergencia en infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos avanza en el Concejo Deliberante y podría ser convalidada en la sesión del próximo jueves.

Los defensores de la iniciativa aseguran que facilitaría la concreción de proyectos de obras. “Hay una gran cantidad de carpetas que se han presentado a lo largo de todos estos meses: son desde obras de envergadura hasta cuestiones que pueden ser menores pero a la vez son urgentes, como la reparación de edificios escolares”, asegura la presidenta del bloque radical, Cristina Coria.

“Después hay otras cuestiones que son más de fondo. Por ejemplo, el plan de urbanización de Villa Evita. Lo trabajamos durante años y no lo concluimos. Hay que asfaltar y alumbrar. Ese es uno de los proyectos que está incluido. No es urgente, pero es importante”, apunta.

Lo cierto es que el proyecto de ordenanza que evalúan los concejales sólo consta de dos artículos. El primero es el que permite la adhesión a la ley 14812. El segundo faculta al Departamento Ejecutivo, a los entes descentralizados y a Obras Sanitarias “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que demande la implementación de las acciones a adoptar en el marco de lo establecido” por esa norma provincial.

De acuerdo al artículo 10° de la ley, el Poder Ejecutivo deberá presentar, en 60 días, “un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada una”. Quiere decir que, de momento, el Concejo no tiene un listado con las obras previstas para ejecutar a través de la emergencia.

Coria alude a los proyectos que, según le consta, fueron presentados por las distintas secretarías municipales, pero la oposición asegura desconocerlos. “No hay ningún proyecto. Si nos dijeran que necesitan la emergencia porque tienen muchos proyectos parados… pero no hay proyecto del Ejecutivo que uno piense que esté obstruido y hay que acelerar”, advierte la presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez. “Sería importante que nos digan para qué quieren otra emergencia”, desliza.

Ese es un punto neurálgico del debate legislativo. A principios de la gestión de Arroyo, el Concejo aprobó la emergencia económica, financiera, administrativa, educativa y en materia de seguridad. Según los críticos, el gobierno municipal no la aprovechó. “No sabemos qué utilidad tuvo. En cuanto a lo económico, vemos que los números están peor de lo que estaban en enero. En seguridad no han hecho nada, y en educación tampoco”, cuestiona Rodríguez.

La letra grande

La emergencia que pretende sumar Arroyo, que regiría por un año con la posibilidad de otro de prórroga, lo facultaría a rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un 35% las prestaciones y montos de los contratistas particulares con relación a los contratos en vigencia.

Además, podría “diferir el requerimiento de la constancia de inscripción en los registros de proveedores y licitadores” por 90 días. Para eso, los contratistas deberían presentar el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (Rencop).

“Esto para nosotros es preocupante porque puede afectar el trabajo de muchos marplatenses que son proveedores de la Municipalidad ?alerta Rodríguez?. Quiere decir que puede venir cualquiera de cualquier lado, que no conocemos, y ponerse a trabajar en proyectos de Mar del Plata”.

Coria lo interpreta de otro modo: “Con esto se permite que haya una mayor cantidad de empresas que puedan presentarse en las licitaciones, lo cual va a mejorar el precio que vaya a pagar el Estado”.

La ley establece que previo a la adjudicación de los contratos, y por única vez en todo el proceso de contratación, deberá darse cuenta a los organismos de asesoramiento y control. Los informes deberán llegar en un plazo máximo de siete días hábiles, y si no llegan “se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación del trámite”, puntualiza la ley.

Establece al mismo tiempo la excepción de la intervención obligatoria del Consejo de Obras Públicas, no así para el dictamen técnico de los proyectos de obras, que deben expedirse en tres días hábiles. Como en el caso de los organismos de control, si no llega el dictamen en ese plazo se interpretará que no hay objeciones.

“Esto implica que los estándares técnicos se mantienen. Sólo se les exige a los organismos provinciales que aceleren los tiempos de los informes”, explica Coria. “La ley lo que hace es flexibilizar los controles”, constata Rodríguez.

El municipio también quedaría exceptuado de publicar en el Boletín Oficial, y podría hacerlo “en el sitio web que determine la reglamentación” y además “en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma”.

La adhesión a esta ley tuvo el martes pasado un primer aval en la Comisión de Obras con el apoyo de la oficialista Agrupación Atlántica y su socio el radicalismo, mientras que el Frente para la Victoria y Acción Marplatense se pronunciaron en contra y el Frente Renovador se abstuvo. Este lunes el proyecto será tratado en la Comisión de Legislación y, de aprobarse, el martes ingresaría en el orden del día de la de Hacienda, que podría dejarla habilitada para que se trate el jueves en el recinto.

Las posturas de los bloques están claras. Incluso la duda del Frente Renovador, que por un lado no está convencido de cómo se aplicaría la emergencia en infraestructura en Mar del Plata y, por el otro, se ve obligado a recordar que el bloque de su partido acompañó la aprobación de la ley en la Legislatura provincial. “Todavía no tomamos una decisión. Es probable que no nos opongamos”, hace equilibrio el concejal Alejandro Carrancio.