Distintas entidades marplatenses relacionadas con la construcción y la actividad inmobiliaria expresaron su preocupación por el proyecto de Ley de Blanqueo donde “no se ha incluido ninguna tasa diferencial para la inversión en inmuebles”.

“Lo descripto, plantea un escenario angustiante, y aún peor que el actual, para las empresas dedicadas a la obra privada, especialmente para Pymes, operarios, gremios, proveedores, arquitectos, martilleros, demás profesionales y, tantos otros actores de la sociedad que dependen de ellas”.

Además, las entidades locales solicitan “la revisión y modificación del Proyecto de Ley, de modo que el mismo contemple beneficio también para quienes, en vez de invertir en un Fondo Común de Inversión, inviertan directamente sus divisas exteriorizadas en inmuebles, sean nuevos, en proceso de construcción o construidos”.

La carta textualmente señala lo siguiente:

“Quienes integramos el Foro Sectorial de la Construcción nos dirigimos a Ud. a fines de expresarle nuestra disconformidad frente al Proyecto de Ley elevado el pasado 31 de mayo al Honorable Congreso de la Nación; en particular, por lo dispuesto en su Libro II “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, Título I “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”.

La difícil situación que está atravesando nuestro sector es pública y notoria; resumiéndose en escasas ventas y un fuerte crecimiento de los costos constructivos y de una merma del 30% en la presentación de nuevos proyectos.

En cada ocasión, los miembros de las entidades que nuclean a la industria de la construcción hemos hecho notar nuestra preocupación, tanto a escala local como nacional. No obstante, existía cierta expectativa promisoria, esperando que un futuro blanqueo de capitales le diera a la actividad un impulso más que necesario (numerosos clientes, venían expresando su vocación de adherir al mismo destinando sus fondos a la compra de inmuebles).Sin embargo, sorpresivamente, el proyecto enviado al Congreso no ha incluido ninguna tasa diferencial para la inversión en inmuebles. Dicha tasa, existió en otros blanqueos (nacionales y extranjeros) y, estaba incluida, a un porcentual idéntico al de los títulos públicos, en un primer borrador que circulara hace unos meses.

El Proyecto actual, prevé un costo único (sólo varía en razón del tipo de bien y monto a exteriorizar), se dejen las divisas en el país o en el extranjero (art. 39); contemplando únicamente dos excepciones, para las cuales se fija un costo cero (arts. 39 y 40): la inversión en títulos públicos y la adquisición de cuotas partes en fondos comunes de inversión que se destinen a la economía real. En ambos casos, los fondos declarados quedaran inmovilizados por un tiempo prolongado (en el caso de los fondos, por cinco años). Por su parte, para quienes exterioricen divisas en efectivo en el país y no elijan dichas opciones, se exige que aquellas permanezcan depositadas en los bancos por seis meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que sea mayor (art. 42).

Lo descripto, plantea un escenario angustiante, y aún peor que el actual, para las empresas dedicadas a la obra privada, especialmente para Pymes, operarios, gremios, proveedores, arquitectos, martilleros, demás profesionales y, tantos otros actores de la sociedad que dependen de ellas. A pesar de ser quienes venimos soportando la mayor caída de la actividad en los últimos años, conjuntamente con la mayor cantidad de despidos; somos el sector más perjudicado con un Proyecto de Ley en el cual, paradójicamente, depositábamos nuestras mayores esperanzas.

Entendemos que la iniciativa del blanqueo de capitales debe ser una herramienta para dar estímulo a los verdaderos sectores productivos del país, en vez de fomentar exclusivamente la inversión concentrada en los grandes operadores financieros, que luego elegirán a discreción en qué proyectos inmobiliarios invertir.

¿Qué ha llevado a no dejar a cada ahorrista individual elegir en qué proyecto inmobiliario quiere invertir? ¿Por qué se opta por sacar el circulante de la calle, entregándolo a los grandes operadores financieros? ¿Por qué serán los grandes operadores financieros, los únicos con derecho a decidir en qué invertir los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales?

Quienes suscribimos, conformamos un sector fundamental para el desarrollo nacional, que busca credibilidad y confianza en el gobierno actual y el Congreso en su conjunto; pero no podemos bajo ningún concepto mantener silencio, frente a una situación que amenaza la continuidad de nuestra fuente de trabajo y la de miles de actores implicados. Téngase especialmente en cuenta que, la construcción es la actividad que más puestos de trabajo directos e indirectos genera en el país y, paralelamente, ha sido la más golpeada en el último tiempo (aquello, en propias palabras del Ministro de Economía de la Nación el día en que se anunció el envío de la ley al Congreso).

En tal sentido, solicitamos la revisión y modificación del Proyecto de Ley, de modo que el mismo contemple beneficio también para quienes, en vez de invertir en un Fondo Común de Inversión, inviertan directamente sus divisas exteriorizadas en inmuebles, sean nuevos, en proceso de construcción o construidos”.