El indiscriminado aumento de tarifas en los servicios públicos generó un fuerte descontento en todos los sectores de la sociedad: los productivos, los comerciales y en la comunidad.
Aumentos de la luz desde el 115%. Tarifazo del gas que en Mar del Plata supera el 1000%… cifras que trasladadas a las boletas resultaban imposibles de pagar por parte de la mayoría de los usuarios, pero que además genera un efecto adverso.
Comercios, industrias, todas deberían trasladar los nuevos costos a los productos que ofrecen. Inflación en alza.
Llegan las boletas. Usuarios que ya habían denunciado el feroz aumento empiezan a poblar las redes sociales con las fotos de la última factura y la nueva con cuadro tarifario actualizado. Repudio generalizado sobre la situación.
El gobierno nacional empieza a ver que el tema se les fue de la mano. Como repiten una y otra vez, era “un sinceramiento de la economía”. Pero claro, hay formas y formas. Gradualismo, una materia que se llevaron previa.
Los aumentos empiezan a dirimirse en el ámbito judicial. Presentaciones de todo tipo. Hasta que en la Provincia de Buenos Aires un juez suspende el aumento de luz. Y el del gas, piden Audiencia Pública para determinar el incremento.
Aranguren, Ministro de Energía, sale a poner topes a los aumentos después de haber autorizado incrementos indiscriminados.
Aseguran que luego del fallo que frena el tarifazo no hay que pagar. Aunque desde las empresas dicen que hasta que no este firme, no hay que pagar.
Idas, vueltas e improvisaciones. Demasiadas.
¿Por qué llegamos a esta situación?
Según el gobierno nacional por la pesada herencia, argumento que no pueden sostener mucho tiempo. Si no se hicieron las inversiones necesarias y el cuadro tarifario estaba retrasado, no era necesario recargar sobre los hombros de los trabajadores semejantes incrementos.
La lógica de transferencias de recursos que impuso el gobierno nacional de Cambiemos desde que asumió pone al trabajador como el sujeto que más esfuerzos debe realizar y la variable de ajuste.
Sería ingenuo pensar que los incrementos se hicieron sin estudiarlos previamente. Es una acción premeditada, una verdadera política de estado para gobernar para unos pocos.
Mientras tanto, facturas que llegan. Boletas que hay que pagar. Millones de argentinos que no sabemos cómo hacer para abonar los servicios. Y la pregunta de todos cuando vemos las noticias: ¿qué hacemos con las boletas?
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