Un total de 146.112 niñas, niños y adolescentes (1.12%) pertenecen a un hogar que tiene a algún integrante de su familia preso y esta particularidad “incrementa sus posibilidades” de ser pobres, pasar hambre, tener un mal rendimiento escolar, sufrir violencia o no tener acceso a una cobertura de salud, según un nuevo relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Esta fue la principal conclusión del informe “Infancias y Encarcelamiento. Condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes cuyos padres o familiares están privados de la libertad en la Argentina“, que elaboró el Observatorio de la Deuda Social y el Barómetro de la Deuda Social en la Infancia de la Universidad Católica Argentina junto a la oficina regional de Church Word Service (Cwslac).

“Tener un familiar o referente adulto privado de la libertad genera cierto impacto negativo en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes (…) en el contexto de una población que se encuentra en una situación considerablemente vulnerable, lo cual opera acentuándola”, concluyó el informe.

El estudio reveló que siete de cada diez niñas, niños y adolescentes con su padre, madre o referente encarcelado (Nnapes) se encuentran por debajo de la línea de pobreza (68.9%), mientras que la probabilidad de soportar esa situación se reduce al 57.1% entre sus pares que no tienen a un familiar preso.

Además, se estima que dos de cada tres Nnapes no tienen cobertura de salud y se atienden en el hospital público, situación que alcanza sólo al 60.9% de los niños, niñas y adolescentes del grupo de comparación (sin integrante encarcelado).

“Pero es en el campo educativo donde podemos ver las mayores brechas de desigualdad social”, dijo Ianina Tuñón, Investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.

En este sentido, el informe mostró que el 13.6% de los Nnapes en edad escolar no asiste a ningún establecimiento educativo, el 19.2% asiste pero con sobre-edad, el 23.5% repitió algún grado o año y el 8.3% requirió apoyo escolar durante los últimos 30 días.

Entre los niños, niñas y adolescentes de hogares sin miembros detenidos es menor tanto el porcentaje de desescolarización (11.1%) como de rezago escolar (12.7%), repitencia (15.8%) o de necesidad de clases de apoyo durante el último mes (2.8%).

Por cada menor de edad vulnerable que sufre agresiones verbales como forma de disciplinamiento (5.6%), hay más de dos Nnapes (13%); y la relación desfavorable se mantiene cuando se trata de violencia física, aunque la brecha es menor: 23.6 contra 37.3%.

“Los hogares más vulnerables económicamente tienen mucha mayor propensión al malestar psicológico e incapacidad para construir proyectos personales, si a eso le sumamos el tener una persona privada de la libertad, habrá una erosión mayor del tejido social que se expresa a través de la violencia”, aseguró Tuñón.

A su vez, los hogares de Nnapes sufren en mayor medida la ausencia de trabajo registrado (81.4% versus 70.2%) y consecuentemente tienen una mayor dependencia de programas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Otro dato es que el 13.8% de los Nnapes trabajan o realizan labores domésticas intensivas, contra el 12.8% del grupo de control.

“Yo no creo que estos chicos necesiten una política pública focalizada: lo que necesitan es acceder a las políticas públicas que ya existen y no los están alcanzando. Es que si el Estado sabe que tiene detenida a una persona que tiene hijos, tendrá que tener en cuenta de qué manera para garantizar que esos chicos tengan los mismos derechos que los otros”, aseguró Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD).

“Estos niños son víctimas del sistema penal absolutamente invisibilizados; pero ellos no son culpables de nada y no porque su papá o cualquier miembro de la familia hayan cometido un delito, es que sus derechos pueden ser vulnerados”, concluyó Juan Martín Rival, de la oficina regional de Cwslac.