LA PLATA
(Corresponsal)

Acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires mantienen diversos reclamos ante el IOMA –algunos de vieja data- y analizan la posibilidad de presentar una demanda contra el organismo que conduce Pablo Di Liscia.

Según denunciaron desde la organización Prestadores de Salud Autoconvocados, al congelamiento de los honorarios de los profesionales se agregan los permanentes retrasos en los pagos por parte de la obra social del Estado bonaerense.

Ayer por la mañana, integrantes de esa agrupación se reunieron con abogados para iniciar el camino legal con tal de obtener, al menos, un encuentro con alguna de las autoridades del IOMA.
Mayra Aguilar, miembro de la organización, contó que, en principio, la entidad provincial adeuda el pago de varios meses a los acompañantes terapéuticos.

“Hay distintas deudas: hay gente a la que no les pagan desde agosto, a otros desde octubre. Sucede que si la persona no reclama puntualmente por su trámite, perdió”, dijo Aguilar a LA CAPITAL. Y agregó que, sumado a esto, “hay compañeras que no tienen acta, esto significa que no tienen asegurado el trabajo”.

“Hay un derecho, una Ley de Salud Mental –amplió- que dice que determinada persona necesita acompañante terapéutico, pero ocurre que si IOMA no aprueba ese acta, el acompañante puede estar 4 meses trabajando, por ejemplo, sin saber si va a cobrar”.

“Obviamente que todo esto es para reducir las prestaciones”, consideró Aguilar.
Desde la organización se quejaron por otro lado por la falta de aumento, desde hace más de un año, del valor de las prestaciones. “El monto que paga IOMA está congelado desde diciembre de 2017; desde ese momento la hora de trabajo está en 185 pesos”, sostuvo Aguilar.

“Ese fue un incremento que conseguimos tras quedarnos varias horas en el edificio central de La Plata”, añadió.

La figura del acompañante terapéutico en dispositivos de salud públicos está incluida en las leyes de Salud Mental sancionadas en 2013 tanto en Nación como en Provincia.

La prestación está destinada a niños y adolescentes con trastornos del desarrollo, autismo y multidiscapacidad y a adultos y adultos mayores con diagnóstico de psicosis, patologías neurológicas y psiquiátricas.