La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó nuevas pruebas que vincularían al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y volvieron a pedir que sea desplazado de su cargo y sea sometido a un juicio político.

Las pruebas presentadas por integrantes de la CPM contra Ferández Garello surgen a raíz del extenso peritaje del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA), que se encuentra desde 2001 a custodio el organismo de derechos humanos presedido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Estos hechos en los que la CPM vincula al fiscal general de Mar del Plata, son la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina y el espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos.

“Sobre la impunidad no podemos crear ninguna democracia, por eso reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”, dijo Adolfo Pérez Esquivel al respecto.

Dos “nuevos” casos

El primer hecho da cuenta del accionar represivo sobre el ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su propia casa de Villa Pineral frente a sus hijos de 13, 15 y 16 años. Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero.

Ese mismo día, la delegación de San Martín de la DIPPBA elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay, el documento lleva la firma de Fabián Uriel Fernández Garello, por entonces oficial ayudante.

El segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981. Según la CPM, la delegación San Martín de la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. En su declaración ante la Justicia, Fernández Garello explicó que sus tareas habían sido hacer un “censo” de ciudadanos extranjeros.
“Mi tarea asignada en aquella oportunidad ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar alrededor de 5000 (cinco mil) ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar filiación alguna y por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual Fiscal General. Sin embargo, para la CPM “esos documentos de la DIPPBA presentados a la Justicia revelarían el verdadero motivo de esa intervención: un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos”. En el legajo de empleado policial de Fernández Garello tiene una distinción que le otorgaron por ese trabajo.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció estos dos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo criminal y correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.

Además de Fernández Garello, estas dos nuevas denuncias involucran a otros ocho miembros de la delegación San Martín de la DIPPBA: el comisario Federico Capurro y los agentes D.L. Torre, José Figal, Enrique Barré y Mario Ossá por el primero de los hechos mencionados; por el segundo fueron denunciados el jefe de la Delegación Miguel Sopegno y los miembros Hugo Roberto Godenzi y Abelardo Elpidio.

“Las acciones de inteligencia fueron parte constitutivas del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado, y la delegación de la DIPPBA—San Martín fue parte central en estos delitos. El año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se pronunció en ese sentido y sostuvo que la actuación de la delegación de inteligencia de San Martín fue parte del plan sistemático de represión coordinado con el batallón de inteligencia 201 de Campo de Mayo”, explicaron desde la CPM.

“La denuncia contra Fernández Garello toma particular importancia en el contexto actual. Tal como se desprende de la causa D’Alessio, que está investigando el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el espionaje ilegal sigue operando en democracia y pone en jaque los cimientos del Estado de derecho”, expresaron desde el organismo presedido por Pérez Esquivel.