Por Ramiro Melucci

María Eugenia Vidal llegó a Mar del Plata en uno de los momentos más difíciles. Con la ciudad en la cima del ranking de desocupación, la pobreza en aumento, el dólar y la inflación irrefrenables y una interna doméstica cada vez más caldeada.

La gobernadora inauguró el primer Laboratorio Audiovisual Bonaerense en una jornada que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, definió como “triste” por los números de la pobreza y la indigencia. En ese contexto complejo, los aspirantes a la intendencia, incluido el jefe comunal, no perdieron la oportunidad de un acercamiento.

Para marcar diferencias con sus competidores, Guillermo Montenegro exhibió rápido una foto con Vidal y Juan José Campanella. El diputado también participó con Patricia Bullrich de la conferencia en que se dieron detalles de un operativo contra el narcotráfico. En ese caso no fue el único. Maximiliano Abad también estuvo en el centro de la escena. En otra imagen se sumó Arroyo. No pasó desapercibida la ausencia de Vilma Baragiola, que en ese mismo momento participaba de una sesión del Concejo Deliberante.

Un día antes de ratificar en Mar del Plata la promesa de “seguir peleando para que los marplatenses tengan trabajo”, Vidal había llegado a un principio de acuerdo con los gremios bonaerenses en la paritaria. Fue en la misma jornada en que, de forma intempestiva, el Concejo aprobó una emergencia educativa para el distrito.

El proyecto fue el corolario de una sesión con fuertes críticas por el estado de las escuelas provinciales y municipales. Ya la convocatoria, impulsada por Mario Rodríguez con firmas radicales, de Unidad Ciudadana, de Acción Marplatense y del Frente Renovador, hacía prever que se iba a transformar en un mitin opositor.

No había indicios, en cambio, de que podía terminar como terminó. El kirchnerismo usufructuó ese escenario que le entregaban en bandeja para desempolvar un viejo proyecto de emergencia educativa. Era una moción con destino de fracaso en un Concejo con mayoría oficialista. Sobre todo porque ni el Ejecutivo municipal ni el provincial habían solicitado una medida semejante en este momento.

Esa clase de emergencias, se sabe, son herramientas que piden los gobernantes a poco de llegar a la administración para agilizar compras y licitaciones y, de paso, dar un mensaje contundente sobre el estado en el que estaban las cosas antes de que llegaran. Declararlas en el cuarto año de mandato es, sin embargo, un reconocimiento de que las gestiones han fallado. Eso es lo que votó Baragiola con la oposición. Con la campaña electoral cada vez más instalada, no había margen político para que el voto se leyera de la manera en que lo justificó la radical: como una forma de darle ritmo a la reparación de escuelas.

El secretario de Educación, Luis Distéfano; la presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badié, y los concejales Alejandro Carrancio y Angélica González fueron algunos de los que marcaron sus discrepancias en público. Otros dirigentes oficialistas lo hicieron en privado, en opiniones que trasuntaron el fastidio de la administración provincial.

Se abrió enseguida el debate interno sobre un posible veto. Y en medio de esas especulaciones el intendente cometió el inédito error de comentar en público que antes de tomar una decisión había que esperar la aprobación de la emergencia, cuando estaba sancionada desde hacía dos días.

Después de que esa ordenanza trastocara la semana hubo otra escena legislativa que marcó la debilidad de Arroyo. El intendente fue prácticamente declarado culpable de los índices de desocupación y ningún concejal propio elevó la voz para ensayar una defensa.

En el gabinete también van quedando menos fieles a la causa arroyista. Por lo menos a la electoral. “No lo vamos a traicionar al viejo”, se vio en la necesidad de aclarar uno de los funcionarios que participó de un encuentro amigable con Montenegro. Es que parte del gabinete se junta a la luz pública con el aspirante del PRO cuando el intendente mantiene sus pretensiones de ser reelecto. La parábola más notoria es la de Emiliano Giri, jefe de campaña de Arroyo en 2015. Y sucedió justo después de que el Concejo le cerrara las puertas a la presidencia de OSSE.

La foto de Montenegro con Giri y los secretarios de Salud, Cultura y Educación se difundió con premura. En un principio, con la nota al pie de que el intendente había dado su aval. “Tengo entendido que alguno pudo hablar con Arroyo antes, pero no todos”, relativizó uno de los asistentes. Y cerca del intendente negaron cualquier tipo de venia al encuentro. Pero tampoco hubo, de momento, represalia alguna.

La nota positiva fue el acuerdo sin estridencias con los municipales. Es cierto que el año pasado tampoco había habido revuelo en los primeros consensos paritarios y todo explotó a fin de año, pero no es menor que haya habido un primer entendimiento en momentos en que la inflación no cede.

La otra medida significativa de Arroyo fue el aumento del boleto. Lo firmó cinco días después de que el Concejo le cediera las facultades. Llamó la atención, en ese ínterin, la pasividad de la UTA. También el precio que eligió el jefe comunal, menor al del estudio técnico del Departamento de Transporte del municipio. El $ 18,50 desdoblado fue además una devolución de gentilezas al Concejo, cuyas comisiones se habían expedido a favor de que costara $ 18,81.

La decisión, que ahora parece ocurrente, podría generarle consecuencias. Los empresarios ya habían expresado, en reuniones en el Ministerio de Trabajo, que no estaban de acuerdo con un desdoblamiento. En notas al Concejo y al gobierno, también dejaron asentado que el boleto debería costar $ 24,11. ¿Cuánto faltará, entonces, para que Arroyo deba enfrentar nuevas exigencias del sector? El jefe comunal tiene la facultad para determinar el valor de la tarifa hasta el 1 de diciembre. El precio político que determinó no previene futuros conflictos. No evita la posibilidad de que en plena campaña la ciudad se convierta en un polvorín que lo obligue otra vez a firmar un aumento de boleto.