El Gobierno declaró este martes la emergencia penitenciaria en todo el país por el término de tres años debido el “incremento significativo” que experimentó la población carcelaria alojada en los establecimientos federales en los últimos años.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascendían a 13.773, superando en un 12% la capacidad operativa de los alojamientos carcelarios.

La medida se dispuso mediante la resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicada en el Boletín Oficial de este martes.

La normativa destaca que en la actualidad existe en los establecimientos federales “una sobrepoblación de más del 12%”, ya que la “capacidad operativa de alojamiento ideal” es de “12.235 plazas”.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas.

“Pese a que en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales, las estadísticas oficiales del SPF consignan que en la actualidad la cifra asciende al 57 por ciento de los internos, situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos”, advirtió el Gobierno.

En el texto de la resolución también se manifiesta que “las órdenes judiciales de fijación de cupo establecen límites rigurosos a la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios federales” y que “las órdenes de permanencia impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país“.

“Estas circunstancias, entre otras, obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria y, con ello, desencadenan situaciones caracterizadas por la sobrepoblación de los establecimientos ubicados en determinadas zonas”, añadió.

Asimismo, la iniciativa oficial propone la creación de una Comisión de Emergencia “con el objetivo de analizar la situación actual y coordinar acciones entre los diferentes órganos del Estado”.

La comisión “se encargará de elaborar propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal” y también se dedicará a “mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables”.