A 43 años del inicio de la última dictadura militar, en Mar del Plata la mitad de las causas iniciadas por crímenes de lesa humanidad ya cuentan con sentencia y son 36 las personas que han sido condenadas.

En Mar del Plata la Justicia Federal ha iniciado un total de 18 causas por crímenes de lesa humanidad relacionados con la última dictadura cívico militar. De esas 18 causas, 9 ya cuentan con sentencia, 5 están aún en instrucción, 3 fueron elevadas a juicio recientemente y una se encuentra en pleno debate oral.

Estas 18 causas involucraron a 136 personas, de las cuales 36 ya fueron condenadas, 4 quedaron absueltas y 52 se encuentran procesadas. En dos oportunidades la Justicia decretó la falta de mérito, 12 acusados fueron sobreseídos y 4 están imputados.

Aún quedan tres prófugos y 23 fallecieron, algunos antes de recibir condena.

Juicio en curso

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata juzga a 43 personas acusadas de haber cometido crímenes durante la última dictadura cívico militar en la Subzona 15 en perjuicio de 272 víctimas, entre ellas se encuentra el desaparecido actor Gregorio Nachman.

Todos estos hechos fueron investigados en el marco de las causas “Cueva 2”, “Base 5” y “Subzona” y “Base Naval”, pero por disposición del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se dispuso la acumulación de las mismas para realizar un único juicio, en el que se determinará la responsabilidad de diez miembros del Ejército, dos de la Fuerza Aérea, veinticinco de la Armada Argentina, cinco de la Prefectura Naval y un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A los 43 imputados -once de los cuales ya cuentan con condenas por delitos de lesa humanidad- se les endilga su participación en distintas privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios, mientras que a 29 de ellos, además, se les imputa haber conformado una asociación ilícita. Además, había otras seis personas imputadas, pero no comparecerán al debate ya que tres de ellas fallecieron, y las restantes fueron declaradas incapaces para intervenir en el proceso.

A los imputados se les endilgan distintos crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 272 víctimas, 97 de las cuales participarán en un debate por primera vez. Entre los casos emblemáticos que se abordarán se cuentan los de los actores Gregorio Nachman y Antonio Luis Conti -secuestrados el 19 de junio de 1976 junto a otros compañeros de militancia- y la desaparición del conscripto Marcelo Reinaldo Hartung Flores, ocurrida el 17 de julio de 1978 cuando salía del cuartel Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601). También se tratará el caso de Cecilia Viñas, quien fuera detenida –embarazada- la noche del 13 de julio de 1977 junto a su esposo Hugo Reinaldo Penino en el departamento donde vivían en la Ciudad de Buenos Aires, para ser llevada a la Base Naval de Mar del Plata, desde donde meses después la trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde tuvo a su hijo, que fue apropiado.

La causa “Cueva III” fue elevada a juicio

En noviembre del año pasado, el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti dispuso la elevación parcial a juicio de la denominada causa “Cueva III”, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Aérea Militar de la ciudad.

Los imputados son los militares retirados Emilio Guillermo Nani (73), Juan José Banegas (62) Ramón Seferino Silva (74) y Miguel Angel Ruiz (71), y el abogado y ex integrante de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), Eduardo Salvador Ullúa (66).

El centro clandestino de detención conocido como “La Cueva” estaba bajo el control operativo del Ejército, fuerza que desde la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, en Camet, al norte de la ciudad, comandaba la denominada Subzona Militar 15 de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Nicolás Czizik consideró en este tramo de la instrucción que los delitos investigados “se enmarcan en el contexto de la organización y funcionamiento de una estructura estatal ilegal (…), la cual tenía como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión, comprensivo de la masiva y sistemática violación de los derechos humanos”.

Para el fiscal, los imputados “han tomado parte de una asociación ilícita durante el plan sistemático de represión ilegal llevado adelante por las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre 1976 y 1978”.

Memoria por la Verdad y la Justicia

De un total de 611 causas en trámite en el país, el 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, el 36 por ciento obtuvo sentencia, el 17 por ciento tiene elevación a juicio y sólo el 2 por ciento está actualmente en juicio oral. Si bien a la fecha se encuentran en juicio 14 causas, entre febrero y marzo de 2019, se pospuso al menos el inicio de tres juicios, a saber: el denominado “Lona II” en Salta, “Chavanne” en Capital Federal, y “Mercedes Benz” en San Martín.

Asimismo, persiste un número estable de causas en etapa de instrucción, lo que significa que 4 de cada 10 causas que hoy están en trámite tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal.

En el mismo sentido, las trayectorias temporales muestran que insume un promedio de cinco años la tramitación de una causa entre su radicación ante tribunal oral, la realización del juicio y la sentencia definitiva. Tomando en consideración estos promedios, y aun suponiendo que las 244 causas que hoy están en etapa de instrucción sean elevadas a juicio durante 2019 podría estimarse que continuarán en trámite al menos hasta 2025. Por otra parte, se evidencia una demora de más de tres años en las instancias recursivas, lo cual implica que, aun habiéndose realizado el juicio, existe una considerable demora hasta la confirmación de las sentencias dictadas.

En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, los datos muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante. Es decir, del total de personal detenidas, 650 se encuentran en prisión domiciliaria, 252 en unidades del Servicio Penitenciario Federal y 75 en otros establecimientos penitenciarios 74 en la Unidad Penal que funciona en el predio de Campo de Mayo, y la restante en dependencias de Gendarmería Nacional.