Restringen la atención en el Registro Público de Comercio por falta de custodia
En el edificio ubicado en Gascón 2543 también funciona la Secretaria de Apremios. Desde septiembre los trabajadores están sin seguridad y expuestos a “situaciones de violencia”. “Su integridad psicofísica se encuentra en riesgo”, advirtió la Asociación Judicial Bonaerense.
Los trabajadores del Registro Público de Comercio y la Secretaria de Apremios, que funcionan en uno de los tantos edificios descentralizados del Poder Judicial, en Gascón 2543, resolvió comenzar a realizar desde hoy asambleas sin atención público para reclamar la restitución del personal de custodia que fue retirado en septiembre del año pasado.
“La integridad psicofísica de los trabajadores se encuentra en riesgo”, advirtieron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y comunicaron que el personal de esta dependencia judicial “está cansado” de la falta de respuestas al pedido para que se restituya la seguridad en el edificio.
En esta dependencia se realizan diariamente certificaciones de firmas para trámites asistenciales y previsionales, matrículas para ejercer el comercio, transferencias de fondos de comercio, autorizaciones para que menores puedan viajar al exterior y dentro del país; también se hacen certificaciones de fotocopias y se brindan informaciones sumarias de convivencia.
Este jueves, los trabajadores comenzarán a hacer asambleas desde las 13 sin atención al público. La medida se replicará todos los días, según indicaron, hasta que el reclamo de seguridad tenga respuesta. Si esto último no ocurre a corto plazo, los trabajadores ya anticiparon que no descartan profundizar las medidas de acción directa.
Desde la AJB informaron que el personal de custodia “fue retirado por directiva del Ministerio de Justicia” en septiembre del año pasado “como consecuencia del ajuste presupuestario implementado por el Gobierno provincial.
Finalmente, desde el gremio remarcaron el riesgo en el que se encuentran los trabajadores por estar expuestos a “situaciones de violencia” y advirtieron que “es responsabilidad de la Corte y del Ejecutivo garantizar condiciones de seguridad adecuadas para el normal funcionamiento de las dependencias judiciales”.
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