La historia de Jorge Porco, un quintero boliviano afincado en la zona de Sierra de los Padres, es dolorosa. El martes, en un juicio oral, fue absuelto por la Justicia Federal de la oprobiosa acusación de trata de personas con fines de explotación laboral.

En el año 2014 una medida de abrigo de una menor de edad hizo que la Justicia de Familia alertara a la Justicia Federal sobre sus dudas en torno a la quinta ubicada en el camino de acceso al museo José Hernández, de la Laguna de los Padres. Allí funciona una quinta de apenas 3 hectáreas a cargo de Porco, un hombre de 64 años, semianalfabeto, con discapacidad cognitiva, nacido en Jujuy accidentalmente pero de familia y raíces bolivianas.

La menor (13 años entonces), que vivía con su madre en la quinta, dijo que al regresar de la escuela se ponía a trabajar, lo que causó sospechas de una posible situación de trata de personas. Recién en el año 2016 se pudo allanar el lugar, donde había 7 personas vivienda que, para la Justicia Federal, eran víctimas de explotación laboral.

Por ser el responsable de la quinta, Porco fue imputado del delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de la menor de edad, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre, hechos cometidos bajo la modalidad de captación y acogimiento que concurren en forma real entre sí, e idealmente con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de las personas extranjeras en el territorio nacional, abusando de su necesidad”.

La voluminosa figura penal en su contra se vio respaldada en pocas pruebas, no solo según las defensoras Marcela González y Carolina Ramasco, sino también de acuerdo al fallo de la Cámara Federal integrada por los jueces Ferro, Tazza y Jiménez, que sobreseyó a Porco. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal se apeló esa medida y la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento, por lo que ordenó la realización de un juicio oral.

En el inicio del debate, el fiscal de juicio Juan Manuel Pettigiani, en un acto inédito, retiró la acusación por determinar que estaba probada la inexistencia de delito.

Lo que no pudo advertir la Justicia al realizar la acusación fue el contexto cultural y de idiosincrasia del grupo familiar, en el que Porco tenía como principal actividad ser cultivador de frutas y verduras. La tierra era trabajada junto a su familia y trabajadores temporarios que voluntariamente se presentaban a pedir trabajo y a quienes se les abonaba al tanto. “Esta y todas las características que definían esa relación laboral, perfectamente descriptas en el Convenio de Trabajo Agrario, encontrándose palmariamente ausente cualquier reducción a la servidumbre, limitación a la libertad ambulatoria y de autodeterminación. Resaltamos la libertad de cada trabajador tenía para salir y entrar, e inclusive de cambiar de trabajo, encontrándose los menores escolarizados, asistiendo a centros de salud, etcétera“, explicó González.

El próximo jueves, el juez Mario Portela anunciará formalmente la sentencia, en la que se confirmará la absolución de Porco.

Para la defensa, en el debate quedó claro que “el sector horticultora, uno de los mas importantes del país, que abastece no solo a nivel regional sino nacional, está absolutamente huérfano por parte del Estado, sin legislación que regule la actividad ni la relación de mediería que existe entre el productor y quienes prestan servicios, sin ningún tipo de política comercial ni proteccionista del sector, sin nadie que se ocupe de las problemáticas sociales, económicas y laborales del sector”.

“Estamos en presencia de un Estado autista frente al sector -sostuvo la defensa de Porco-, pese a todos los reclamos y propuestas que a través de la Asociación se formulan en diferentes Ministerios, dejando desprotegidos a mas de 1200 productores que laboran las mas de 10.000 hectáreas que componen el cordón y de los cuales el 85% son pequeños productores que arrendan pequeñas parcelas (de 1 a 5 hectáreas) y las trabajan de manera familiar o con medieros, siendo prácticamente todos de la comunidad boliviana o descendientes de estos”.

También las abogadas cuestionaron la instrucción penal y el proceso que atravesó Porco al decir que “el estado se hace presente en el sector solo a través de la persecución penal, a través de sendos procedimientos de allanamientos, causas estas que son levadas a delante por el Fiscal Federal Nicolas Czizik y el Juez Federal Santiago Inchausti, lo cual en sí mismo es aberrante, convirtiéndose en una justicia inquisidora y esta gente, la mayoría muy humildes y con escasa preparación se sienten y son perseguidos”.