por Roberto Mario Benzo

Por estos días en las noticias referidas a un episodio político-judicial-policial protagonizado por un supuesto abogado, un fiscal y un empresario, se ha colado un “dato menor”. El pretendido letrado manejaba un auto de alta gama dotado de un equipamiento que le permitía circular a más de 170 km. por hora por las rutas del país pero con un mecanismo que disminuía automáticamente la velocidad ante la presencia de un radar hasta la indicada como máxima por el mismo.

A esta altura de los acontecimientos es una verdad de Perogrullo sostener que la velocidad es la principal causa, junto a la somnolencia de los conductores, en un cóctel fatal que conduce sin duda a los siniestros viales en rutas y ciudades, con su secuela espantosa de muertos y heridos.

En otro sentido, hay un extendido sentimiento de ser víctimas de una injusticia de parte de la población hacia los sistemas de control mediante los llamados radares. Se los juzga como injustos, con fines exclusivamente recaudatorios y “traicioneros”. La famosa multa al que circulaba a 84 km./h. cuando la velocidad indicada era 80 km/h., etc.

La propuesta

Sin embargo, como no está nada bien naturalizar el horror de tantas pérdidas valiosas y por fortuna son pocas las situaciones de esta gravedad que parezcan tener a la mano una solución que en la mayoría de los casos se revele tan sencilla y eficaz, vayamos a la propuesta.

Si como todo parece indicar hay una buena dosis de razón en esas opiniones negativas, aprovechando el sistema de puestos de peaje establecido en la casi totalidad de las rutas nacionales -y también en algunas provinciales-, al momento de la detención en cada uno de ellos y en el mismo comprobante de pago se hará constar la hora precisa en que ese conductor deberá pasar por el siguiente control. Ciertamente el tiempo deberá ser establecido atendiendo las velocidades reglamentarias vigentes para los diferentes tipos de vehículos -automóviles, buses de transportes, camiones- y, eventualmente, los flujos de tránsito, las condiciones meteorológicas imperantes, el estado del camino y otras circunstancias variables relevantes. Si el vehículo llega al próximo peaje antes de hora, un sencillo lector electrónico -scanner- del tipo de los existentes en las cajas de cualquier supermercado, detectará la infracción, la autoridad allí presente labrará el correspondiente acta y el automóvil permanecerá detenido hasta el momento en que debió llegar a ese lugar con más un tiempo adicional punitivo. De esa manera, el control se realizará de manera objetiva e irreprochable, en tiempo real, las 24 horas del día, todos los días del año, sobre la totalidad de los conductores que circulen por esa carretera y con costos económicos virtualmente inexistentes para el Estado, es decir para todos nosotros los ciudadanos. En las rutas sin peaje, la modalidad será la de establecer puestos policiales en lugares estratégicos reproduciendo el resto del procedimiento y, en todos los casos, con la posibilidad de establecer estos controles de manera permanente o solamente en ocasiones específicas, como es el caso de los fines de semana largos o el tiempo de vacaciones.

Los radares seguirán teniendo la utilidad de complementar la vigilancia para los automóviles que circulen entre localidades ubicadas sin pasar por puestos de peaje y en accesos y desplazamientos en cercanías de zonas pobladas, conductores que cometan la gravísima infracción de circular por las banquinas cuando un atasco en el tránsito, entre otras circunstancias posibles.

Las ventajas

Convengamos que el sistema propuesto tiene, además, por lo menos otras dos ventajas indiscutibles: a) Es totalmente transparente y honesto. Pone el control y la posibilidad de ser infraccionado o no en la madura conducta de cada conductor y se desbarata cualquier sospecha de fraude o de fines recaudatorios y b) La atención permanente en los horarios y velocidades favorece la marcha prudente y, adicionalmente, atenúa o destierra las fatales somnolencias y distracciones que originan gravísimos siniestros viales.

En cuanto a la sanción, es preciso insistir en todo tiempo acerca de la potencial inequidad de la multa económica en tanto, desconociéndose a priori la situación económica del infractor, la misma puede resultar sumamente gravosa para algunos conductores y virtualmente irrisoria para otros. Así se deberá avanzar, complementaria o sustitutivamente, hacia penas más justas como las detenciones temporales de los vehículos -con el mensaje explícito de la inutilidad que supone apurarse más de la cuenta-, los retiros parciales o totales de licencias de conducir, la prohibición de salida del país para los infractores… en fin, penas idénticas para todos y aplicables, naturalmente, en atención a la gravedad de la infracción y a los antecedentes de cada persona.

Hagamos la prueba de tratar la patología social que nos aflige con este remedio nacido de la lógica más elemental. Como en su curación nos va la vida, el tiempo para comenzar es ahora.

(*): Profesor de Derecho del Transporte. Facultad de Derecho-Universidad Nacional de Mar del Plata.