Funcionarios del gobierno municipal justificaron este martes los motivos por los cuales todavía no rigen las actualizaciones jubilatorias de los docentes municipales de acuerdo a los adelantos salariales que hizo el año pasado la Provincia y tampoco se pagó aún el bono de fin de año de $ 7.000 concedido por la gobernadora.

Las explicaciones de los secretarios de Gobierno, Alejandro Vicente; de Educación, Luis Distéfano, y de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, fueron realizadas en la reunión de la comisión de Educación del Concejo Deliberante, que se realizó en el recinto y a la que concurrieron referentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y docentes municipales.

El secretario de Gobierno explicó que las declaraciones juradas para actualizar las jubilaciones las hace el municipio ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS), que a su vez tiene 60 días para incorporarlas a su sistema. Vicente dijo que las declaraciones fueron presentadas el 14 de noviembre, luego de que finalizara la paritaria docente de la provincia, y que otra se presentó el 5 de febrero.

El concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández le preguntó si se habían realizado todos los trámites correspondientes. “Lógicamente, están todos los trámites realizados”, contestó el funcionario. Su respuesta fue además una réplica a su par de Hacienda, que la semana pasada, en la misma comisión, había dicho que la responsabilidad de la demora había sido del “área de personal de Gobierno”.

Una de las críticas a la administración tuvo formato de pregunta: ¿por qué se esperó para enviar la información al IPS a la finalización de la paritaria, en octubre, cuando los primeros adelantos de paritaria fueron en abril?

La secretaria docente del STM, Alejandra Ayek, fue una de las más duras: “Retuvieron indebidamente esas sumas. Los jubilados no cobraron. Lo único que van a dejar son nuestros bolsillos vacíos”. El presidente de la comisión, Mario Rodríguez, coincidió: “La demora es injustificada”.

La explicación oficial aludió a una complicación del área de Liquidación de Haberes para actualizar esos adelantos y la posibilidad de que se terminaran pagando montos jubilatorios por encima de lo establecido.

Hubo un cruce lleno de ironías y chicanas entre Rodríguez y Mourelle. El titular de la comisión le preguntó al funcionario si podía contestar cuándo iban a cobrar los jubilados esas actualizaciones. “Es un tema que corresponde al IPS, que es del ámbito provincial y que maneja la liquidación previsional. Puedo colaborar con vos en conseguirte el 0800 para que llames”, le devolvió Mourelle. “No necesito el 0800 de nadie, con que presenten las planillas en tiempo y forma alcanzaría”, respondió Rodríguez. Y enseguida agregó: “Capaz algún funcionario, en lugar de un 0800, necesita un GPS para saber adónde dirigir la gestión que hoy está rumbeando de manera inexacta”.

Otro gran interrogante aludió a la demora del bono anunciado en diciembre por María Eugenia Vidal. Distéfano aseguró que, para hacer cumplir ese decreto, su secretaría le pidió a las directoras de las escuelas las declaraciones juradas de cada docente. Era para determinar que no cobraran ese plus por el municipio y al mismo tiempo por otra jurisdicción.

“A las instituciones educativas de gestión provincial directamente se les liquidó porque cuentan con esa información. Las escuelas subvencionadas también cuentan con la información. Los cargos de los servicios municipales que tienen subvención cuentan con la información. Pero recordemos que nuestro sistema educativo municipal tiene una gran cantidad de servicios que no están subvencionados, por lo cual no tenemos el cruce de información de los desempeños en otra gestión”, señaló el secretario de educación. Y, ante una repregunta, insistió: “No tenemos base de datos del desempeño de los docentes por fuera de las instituciones educativas municipales”. A la fecha, agregó, “15 establecimientos no presentaron la información”, por lo que el bono no se pagó.

Ayek volvió a la carga. “No se nos paga en tiempo y forma. Hay una intencionalidad concreta. Es un ataque a los docentes. ¿Qué les pasó, tuvieron alguna mala experiencia con algún docente?”, dijo entre crítica e irónica.

La dirigente gremial recordó que el decreto de Vidal data del 10 de diciembre. Y que los pedidos de declaraciones formulados a las escuelas por la Secretaría de Educación llegaron cuando estaba terminando el ciclo lectivo. “El 4 de enero pidieron ampliación de información. Por poco no piden el grupo sanguíneo”, lanzó. Y recordó que en ese entonces las directoras ya estaban de vacaciones.

Marina Santoro, de Unidad Ciudadana, dijo que se ponía a disposición de Distéfano para recolectar las declaraciones juradas que faltaban así se aceleraba el pago del bono. Y pidió que el municipio efectivice el pago “con los intereses del plazo fijo” que le adjudicó a Mourelle. El secretario de Hacienda negó que esos fondos estuvieran en plazo fijo: “Están en cuentas específicas”.

De Distéfano también se esperaban respuestas por la designación de funcionarios políticos. Una docente lo pidió desde la barra, pero el secretario no respondió. Ariel Ciano, del Frente Renovador, también lo mencionó: “Por un lado decimos que no hay un sistema de educación municipal y por otro lado decimos que es imprescindible contar con tres cargos nuevos para planificar el último año de gestión”. Sobre el final de la reunión, el presidente de la comisión reconoció que ese ítem del orden del día había quedado sin respuesta, y le concedió a Distéfano la posibilidad de hacerlo por escrito. El secretario, que entregó un informe, dijo que esa respuesta también estaba escrita allí.