por César Ventimiglia

El 25 de enero de 1997 fue asesinado en Pinamar José Luis Cabezas, fotógrafo de la Revista Noticias. Este asesinato y la embestida contra la libertad de expresión, conmocionaron a la población y mancharon la imagen de la Policía Bonaerense. Se comprobó en el hecho: complicidad de policías en actividad, conexiones de políticos y empresarios nacionales.

Se hizo necesario repensar la seguridad.

Hacia los fundamentos y la participación

Como respuesta política inmediata, el gobernador Eduardo Duhalde dictó en febrero de 1997 el decreto provincial 328/97 que menciona a la seguridad como un valor colectivo, incorporando una nueva estrategia de control social: la participación comunitaria, expresada en los Foros Comunitarios y el Defensor de la Seguridad.

El decreto fue reemplazado por la ley 12.154, impulsada por el ministro de Seguridad, León Arslanián, promulgada el 15 de julio de 1998. Expresa la ley: “el pueblo de la provincia de Buenos Aires es el sujeto fundamental de la seguridad pública”, alienta la participación comunitaria como un derecho de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires y un deber de su Gobierno, estableciendo la descentralización territorial como mecanismo para llevar a cabo la participación a través de los Foros Vecinales y Municipales.

En General Pueyrredon, participaron de la creación del Foro Municipal de Seguridad 83 instituciones representativas del mundo académico, religioso, profesional, empresarial, sindical, vecinal, de derechos humanos, cultural, deportivo, cooperativo, de colectividades, lográndose un compromiso comunitario representativo y plural.

Marchas y contramarchas

La primera gestión de Arslanián finalizó en agosto de 1999, debido a diferencias políticas fundamentales con el gobernador Carlos Ruckauf, que designó en su reemplazo al “carapintada” Aldo Rico.

Se inicia así un proceso de contrarreforma sin modificar la ley, pero alterando el espíritu mediante resoluciones ministeriales, desalentando la participación comunitaria y produciendo una merma en la actividad del Foro Municipal. Finalmente, se alejaron la mayoría de las instituciones.

Con la agudización de la situación de inseguridad, en abril de 2004, bajo el gobierno de Felipe Solá, Arslanián retornó al Ministerio de Seguridad, reimpulsando la política pública iniciada en el año 1998.

Observamos que, a pesar de que la ley no se ha modificado sustancialmente, las políticas de seguridad han recorrido caminos diversos, con marchas y contramarchas entre 1997 y 2019: con cinco Gobernadores -Duhalde, Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal-, veinte Ministros de Seguridad y veintidós Jefes Departamentales en nuestro municipio.

La experiencia en General Pueyrredón

Asistimos a una pulseada entre quienes intentan aplicar la ley que reconoce que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es el sujeto fundamental de la Seguridad Pública, y quienes, sin dudar de sus buenas intenciones, reducen el problema a una cuestión policial/penal, olvidando que la intervención punitiva representa el fracaso de las políticas de prevención.

Si bien los municipios tienen obligaciones propias que contribuyen a la seguridad (control de tránsito, iluminación, calles transitables, nocturnidad, desmalezamiento, paradas seguras, horarios puntuales de transporte público) la Ley Orgánica de las Municipalidades no confiere a la máxima autoridad política –el Intendente– facultades sobre el tema seguridad pública.

Sin embargo, mientras desde el gobierno provincial se fijaban las políticas de seguridad, en nuestro municipio se producían algunos hechos graves, acompañados por el reclamo sonoro de los vecinos, que motivaron al Intendente en 2010 a involucrarse en la seguridad instalando video cámaras y el Centro de Monitoreo, impulsando también la creación de una Policía Local con capacidad de decisión operativa sobre el despliegue policial en su territorio.

El contacto cercano con los conflictos, puso en evidencia la necesidad del fortalecimiento de los gobiernos locales, porque habitan el territorio donde ocurren los hechos de inseguridad y tienen contacto directo y cotidiano con la población. El municipio tiene la información y la estructura para gestionar la conflictividad, a fin de evitar que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo de resolver los conflictos. Se optimiza con ello la capilaridad y eficiencia en la búsqueda de resultados preventivos y disuasivos. Se tienen las mejores herramientas para el tratamiento no represivo de aquellos conflictos sociales identificados como no deseables para la sana convivencia y reproducción del tejido comunal.

Vivir comunitariamente en orden

Transcurridos 22 años, estamos convencidos de la conveniencia de aplicar plenamente la Ley de Seguridad Pública como una Política de Estado que exceda los períodos de los mandatos electivos, sin modificar su letra y su espíritu con decretos o resoluciones ministeriales. De la conveniencia de rescatar los ejes de la participación comunitaria (todos “votando” todos los días), la descentralización territorial (el vecino de a pie ejerciendo su derecho) y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Cabezas es un héroe de la democracia, una víctima del autoritarismo. En seguridad no se trata, pues, de ordenar la vida de los otros sino de vivir comunitariamente en orden.

(*): presidente de la Asociación Civil Acción Ciudadana.