Solo una concejal de los 24 que integran el Concejo Deliberante se opuso al proyecto enviado por el Ejecutivo para endurecer las sanciones a los choferes de Uber. La psicóloga y sexóloga Angélica González, que representa a la Coalición Cívica, está de acuerdo con el funcionamiento de las aplicaciones que permiten el transporte de personas y presentó un proyecto para adherir al marco regulatorio que se discute en el ámbito provincial.

El jueves pasado el Concejo aprobó por amplia mayoría la ordenanza que impone fuertes sanciones a los choferes de Uber, la plataforma que desembarcó hace diez días en Mar del Plata. El proyecto fue presentado el miércoles por el intendente Carlos Arroyo y se aprobó en tiempo récord.

El proyecto fue acompañado por la mayoría y registró un solo voto en contra. El de Angélica González, quien pertenece al espacio que a nivel nacional lidera Elisa Carrió y que tiene en la Provincia como principal referente al diputado marplatense Guillermo Castello, autor del proyecto de ley para autorizar el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones similares en el territorio bonaerense.

“Hemos elegido no darle la espalda al cambio. Este servicio da oportunidades de trabajo a muchos otros marplatenses y toda situación de oportunidad y cambio pasa por un momento de crisis”, dijo González al evidenciar su rechazo al proyecto de Arroyo en la sesión del jueves pasado. Los taxistas la abuchearon e interrumpieron varios pasajes de su exposición.

González aseguró que “lo de la ilegalidad de Uber no es real” y que “está reglamentado por la Suprema Corte”. Dijo que “puede funcionar”, que “es mentira que la compañía no cubre el seguro del pasajero” y si bien se proclamó “respetuosa” del repudio de los taxistas, priorizó “todo lo positivo” que Uber podría acarrear en Mar del Plata.

En ese sentido, priorizó la salida laboral que la plataforma puede generar. “Uber brinda muchas fuentes de trabajo para otros marplatenses que no encuentran otra inserción. Tenemos que abrirnos las tecnologías, a todos nos cuesta aceptar los cambios”.

El proyecto

La concejal Angélica González presentó un proyecto para acompañar la sanción del marco regulatorio a nivel provincial para el transporte de personas a través de plataformas digitales electrónicas que redactó Guillermo Castello y elevó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempla que la modalidad de transporte “es sumamente beneficiosa para la población”, destaca la “fenomenal expansión” que han tenido en el mundo en los últimos años la “economía colaborativa” gracias a la revolución digital.

“Podemos ver de este modo, en nuestro medio, aplicaciones que intermedian entre compradores y vendedores de cosas muebles, entre emisores y receptores de contenido, entre anfitriones y huéspedes, entre quienes ordenan comida y quienes la elaboran, entre quienes ofrecen trabajo y quienes lo buscan”, manifestó.

Otro de los argumentos es el costo para el usuario. El expediente destaca que a través de este tipo de servicios “los precios suelen ser más bajos que los ofrecidos actualmente en el mercado” y considera además que “hay mayor seguridad para el pasajero y el conductor en la medida que ambos conocen la identidad del otro con anticipación”.

Por otro lado, destacó “la flexibilidad propia de la modalidad y la naturaleza civil del contrato”, que permiten prestar el servicio de manera parcial, pocas horas por día o semana, “lo que incluye en el mercado laboral a muchos que hoy se encuentran excluidos como jubilados, estudiantes universitarios, amas de casa e incluso personas con trabajo que quieran aumentar sus ingresos, entre los cuales pueden encontrarse los propios taxistas y remiseros”.

A su vez, la concejal González advirtió que con plataformas como Uber “se reduce la circulación vehicular al optar muchos usuarios por una alternativa menos onerosa que el uso y mantenimiento de un vehículo pero más flexible y cómoda que el transporte público tradicional”, lo que además implica a reducir la contaminación.

Con respecto a la resistencia que ejercen los taxistas, a la que la concejal calificó como “violenta” en algunos casos, el expediente remarca la necesidad de crear un marco normativo ante “la ausencia de legislación como fundamento para vedar el ingreso a las empresas de redes de transporte por parte de quienes rechazan competir con ellas”.

El proyecto veda todo límite a la cantidad de vehículos afectados al servicio y permite que lo presten quienes además trabajan en remises o taxis, a tono con el espíritu favorable al trabajo y la libertad de la propuesta.

Establece también la “responsabilidad solidaria de titulares, conductores y empresas” frente a terceros y a los usuarios por los daños ocasionados, a fin de despejar cualquier duda al respecto y en línea con “la tendencia resarcitoria del derecho de daños, cada vez más centrado en la víctima”.

Finalmente, y para dilucidar cualquier duda interpretativa, “ratifica la naturaleza civil del contrato y la aplicación del derecho privado en todo cuanto no afecte el orden público”.