La idea de formar un club de casillas rodantes en un sector alejado del centro urbano de Mar del Plata, rodeado de naturaleza y frente al mar en el extremo sur de la ciudad, se canalizó en la asociación civil Rancho Móvil hace más de 15 años. El disfrute y esparcimiento de las familias fundadoras se sostuvo íntegramente hasta no hace mucho, pero fue a partir del cambio de autoridades de la comisión directiva que un sector de la entidad transformó las buenas intenciones en un negocio que encierra la venta de parcelas y la construcción ilegal de cabañas sobre el acantilado en medio de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, con ingreso restringido para unos pocos, una playa “exclusiva” y en infracción a normativas nacionales, provinciales y municipales.

Luego de que LA CAPITAL publicara la denuncia de vecinos y ambientalistas, el intendente Carlos Arroyo tomó cartas en el asunto y ordenó la caducidad del permiso precario de la asociación y el desarme de los lujosos “ranchitos”.

En el kilómetro 544 de la Ruta Interbalnearia N°11, poco antes de llegar a Chapadmalal, mientras los socios fundadores del Rancho Móvil ocupan y cuidan sus lugares apegándose al permiso precario otorgado por el municipio, hoy hay 17 cabañas construidas con materiales sólidos, 14 más que hace seis meses atrás, cuando solo había tres, una de ellas del concejal Santiago Bonifatti, el único “propietario” que decidió desmontarla cuando las irregularidades, infracciones y desarrollo arquitectónico salieron a la luz.

En la cuenta regresiva del plazo que otorgado para el desarme de las cabañas -cinco días hábiles a partir del jueves-, LA CAPITAL recorrió el Rancho Móvil y dialogó con este grupo de vecinos y guardavidas que observaron con asombro en estos últimos años el “desarrollo inmobiliario” al margen de la ley y en evidente invasión del espacio público.

Vecinos en alerta, una interna evidente y un negocio millonario. A mediados del 2018 una investigación del medio QUÉ Digital sacó a la luz las denuncias de vecinos de la zona, quienes preocupados por la instalación de estas cabañas sobre acantilado, sin ser casillas rodantes como permite la ordenanza, juntaron firmas, llevaron el tema al Emtur y al Concejo Deliberante; hicieron suyo el asunto en defensa del espacio público para que este paradisíaco sector de la reserva forestal pueda ser disfrutado por todos y no solo por unos pocos inversores inmobiliarios privilegiados.

“Acá no se trata de un tema de viviendas. Esto es ocio, es lujo, hay mucho poder detrás. Esto comenzó hace un año y medio, unos meses antes de la temporada pasada. Antes, el sector del Rancho Móvil estaba circunscripto a una zona más chica que la de hoy. La gente venía con sus casillas rodantes a disfrutar, como permite la ordenanza. Ya antiguamente algunos habían intentado agrandar el espacio, pero desde el último cambio de comisión directiva de la asociación se empezó a explotar la denominada Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco y ahí empezó este desastre”, contaron los vecinos.

Pablo, María, Nicolás, Roberto, Germán y Miguel viven a pocos metros del Rancho Móvil. Tienen fresco el recuerdo de poder disfrutar de la playa pública y el espacio verde en el que hoy hay 17 cabañas construidas sobre el acantilado con vista al mar, junto a un espacio recreativo, un puesto de guardavidas prácticamente exclusivo.

“Nuestro temor es lo que se está haciendo con este lugar único, que es parte de la reserva. Nosotros queremos sostener que sea un espacio público, pero para eso necesitamos el apoyo de la Municipalidad”, dijeron y si bien acompañaron la resolución del intendente, cuestionaron que “conocían desde el primer día lo que estaba ocurriendo acá” pero “intervinieron a partir de la exposición mediática” del tema.

Compro, vendo, alquilo

Según cuentan los vecinos “no cualquiera” podía “comprar” una parcela en el Rancho Móvil. “Llegué hace poco al barrio y sin conocer cómo era la situación fui a preguntar. Me dijeron que había lista de espera y que sí o sí tenía que conocer a dos personas que ya fueran socias para entrar; cuidan la exclusividad para gente con dinero”, contó María, una de las vecinas que al interiorizarse sobre el negocio dejó atrás sus intenciones.

Para tener una “cabaña” dentro del predio de Rancho Móvil, primero había que asociarse. La cuota era de $ 1.000 mensuales y se abonaba en una oficina instalada sobre el acantilado o bien por transferencia bancaria.

“No sabemos quién lo delimitó y marcó su propio límite. El alambrado se puso hace casi tres años. Pusieron una tranquera y lo fueron cerrando. Si no sos socio, te cobran 200 pesos para entrar”, contaron.

De las primeras tres cabañas, una se desarmó, pero con el correr de los meses más socios comenzaron a instalar su “ranchito”. Muchas casillas llegaban prefabricadas, eran llevadas en containers; otras las montaban en seco sobre el acantilado. Presentan estructura similar, aunque varía el diseño y el revestimiento. Pequeñas, acogedoras, bien equipadas y con grandes ventanales hacia el verde que recubre el acantilado y el mar. Hoy hay 17 cabañas.

“Si colocaran las casillas rodantes directamente no habría problema, pero se abusan”, comentaron. Incluso, afirman, desde hace un tiempo quienes manejaban el espacio lanzaron “una promoción” y a los nuevos inversores se les ofrecía el combo de parcela y cabaña instalada por alrededor de $150.000.

Además, según reflejaron, “algunos alquilaban sus propias cabañas”. Han observado en más de una oportunidad que los “ranchitos” figuraban en Facebook o en la aplicación AirBnb y que se ofrecían por $2,000 diarios, algo que por supuesto no estaba permitido dentro de los alcances del precario permiso, pero que en el último tiempo dejó de ocurrir y las publicaciones fueron borradas.

“Acá claramente hay un delito económico, hay gente que está lucrando al vender terrenos de un acantilado que es reserva forestal y sitio paleontológico”, explicaron a LA CAPITAL y aseguraron que además del caso del concejal Santiago Bonifatti, quien a fines de septiembre desarmó su casilla como dio a conocer el medio QUÉ Digital en ese entonces, “hay abogados, escribanos, políticos y famosos” entre los “propietarios”.

Los vecinos apoyan el desmonte de las cabañas construidas, tal como ordenó el jefe comunal. Piden que se preserve el espacio público y que se respete a los socios que disfrutan el lugar con casillas rodantes. Pero además exigen que “quien está atrás de este enorme negocio ilegal, vaya preso”.

Cambio de perfil

Dentro de los propios socios del Rancho Móvil las posturas están divididas. Los que llevan más años dentro, en algunos casos incluso más de 20, defienden que el lugar solo pueda ser utilizado por familias que llevan sus casillas rodantes, sin invadir el espacio público con construcciones y sobre todo sin lucrar. Pero la nueva comisión directiva, según dicen, “cambió el perfil” del sitio y “comenzó a hacer un importante negocio”.

La situación se desmadró. Del perfil original se pasó a un negocio inmobiliario de elite, con “propietarios” que contaban con agua de pozo, biodigestores y pozos ciegos. Pero sobre todo con casillas de lujo que logran divisarse desde la Ruta 11, sobre el acantilado, con una privilegiada vista al mar y con una playa pública que se ha vuelto exclusiva. Dicha playa tiene un puesto de guardavidas, cuyos integrantes prácticamente deben cuidar a los “dueños” de los “ranchitos”, ya que la explotación del espacio le restó carácter público.

“Hace unos años se cambió a la comisión directiva y los de la comisión actual le cambiaron el perfil original. Pero entre los fundadores hay quienes quieren volver a ese perfil de solo casas rodantes”, señalaron los vecinos. Luego un grupo de socios fundadores confirmó esta situación a LA CAPITAL, diferenciando el cuidado del espacio desde hace más de dos décadas de la feroz explotación que avanzó en el último año y medio.

“Los fundadores cuidaron el lugar, preservaron la vegetación, e incluso plantaron distintas especies. Llegaron al lugar que antes era un asentamiento del ‘Grupo de los 50 hombres’, como lo llamaban, y lo pusieron en condiciones”, aseveraron los mismos vecinos que denuncian la destrucción del espacio público a partir de la construcción de las cabañas.

Originalmente el Rancho Móvil tenía un acceso público bien definido y cualquier vecino podía ingresar. El perfil cambió y últimamente quedaba una reducida entrada a metros de la tranquera principal entre banderas con el nombre de la asociación. El frente llegó a estar todo alambrado para preservar la exclusividad.

“Los baños que deberían ser públicos son públicos, pero están cerrados. La ordenanza dice que todos los podemos usar y están muy bien equipados a diferencia de otros, pero tienen rejas y no se permite el ingreso de nadie que no tenga llave”, agregaron.

“El Emtur sabía todo”

Los vecinos aseguran que “desde que pusieron el primer palo” para explotar el lugar, el Emtur fue notificado por los vecinos. “Sabían todo”, dijeron.

Varias veces juntaron firmas y presentaron notas ante el Emtur y el Concejo Deliberante. El tema fue sistemáticamente silenciado durante largos meses, incluso años. “Expusimos cuando alambraron, cuando hicieron los pozos de agua, cuando pusieron las primeras cabañas y cuando el número de ‘ranchitos’ se multiplicó. Pero recién ahora con las notas que sacó LA CAPITAL tomaron cartas en el asunto”, detallaron.

Antes de que las irregularidades salieran a la luz, integrantes de la nueva comisión directiva de la asociación Rancho Móvil intentaron ampliar su rango de explotación sobre la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.

Ya con el “control” de parte de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco, intentaron avanzar -licitación mediante- sobre la unidad contigua, denominada Arroyo Seco II, ubicada al norte de donde funciona el Rancho Móvil.

“La licitación para extender el predio afortunadamente no avanzó”, dijeron los vecinos que siguen el tema activamente. “La licitación se cayó gracias a la fuerza que hicimos nosotros, porque querían apropiarse de más sectores del acantilado para hacer su negocio”, agregaron los vecinos.

Permiso para expandirse

Antes de que las feroces irregularidades y el negocio salieran a la luz, integrantes de la nueva comisión directiva de la asociación Rancho Móvil intentaron ampliar su rango de explotación sobre la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.

Ya con el “control” de parte de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco, intentaron avanzar -licitación mediante- sobre la unidad contigua, denominada Arroyo Seco II, ubicada al norte de donde funciona el Rancho Móvil.

“La licitación para extender el predio afortunadamente no avanzó”, dijeron los vecinos que siguen el tema activamente. “La licitación se cayó gracias a la fuerza que hicimos nosotros, porque querían apropiarse de más sectores del acantilado para hacer su negocio”, agregaron.

El avance del desarrollo inmobiliario sobre el espacio público resume en el Rancho Móvil lo que desde hace años vienen exponiendo desde la Asamblea en Defensa de los Espacios Públicos: sectores prácticamente vírgenes de la costa marplatense como está ocurriendo en el extremo sur, avasallados por concesiones a balnearios y empresarios que explotan la naturaleza para desarrollar su negocio a costas de la destrucción del medio ambiente.