La Cámara Federal de Casación Penal resolvió no habilitar la feria judicial de enero para revisar procesamientos y prisiones preventivas de la causa por los cuadernos de los sobornos, entre ellos los de la ex presidenta Cristina Kirchner y los detenidos Julio De Vido y Roberto Baratta, además de empresarios y otros ex funcionarios implicados.

Los jueces del máximo tribunal penal del país que trabajan en enero, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Eduardo Riggi, decidieron reenviar las apelaciones recibidas a la secretaría general de la Cámara para que, una vez terminado el receso, el próximo 1 de febrero, se remita todo a la Sala que interviene habitualmente en el caso, según la resolución a la que accedió Télam.

Se trata de la sala I de Casación integrada por Petrone, Figueroa y el juez Diego Barroeataveña, este último de licencia todo enero.

Los camaristas remarcaron que sólo la defensa de uno de los procesados, el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió “expresamente” habilitar la feria de enero en Casación para revisar su prisión preventiva, ya que permanece detenido al igual que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo.

Casación “ha sostenido con anterioridad que, dado que la prisión preventiva confirmada cuenta con un instituto específico para cuestionarla, no corresponde habilitar la feria judicial a tal respecto”, resolvieron sobre ese punto los camaristas.

En cuanto a la situación de los demás procesados, la ex presidenta, De Vido, Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, y otros ex funcionarios y empresarios, el máximo tribunal penal del país entendió que “no median en el caso otros recursos” que podrían “quedar comprendidos” en las previsiones para habilitar el receso, previstos en una Acordada de Casación, el 7 de 2009.

“Por ello corresponde no habilitar la feria judicial en la presente causa y remitirla a la Secretaría General de esta Cámara para ser enviada a la Sala correspondiente una vez finalizada la misma”, concluyeron los magistrados.

El tribunal intermedio de apelaciones, la Cámara Federal porteña, había concedido y enviado a Casación los recursos de apelación presentados luego de la confirmación del fallo del juez federal Claudio Bonadio, el 20 de diciembre último.

Esto incluyó a empresarios que tenían falta de mérito dictada por el juez del caso, pero que quedaron procesados por decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, entre ellos Jorge Neira y Osvaldo Acosta, de Electroingeniería; Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; Rodolfo Poblete, del Grupo Romero; Héctor Zabaleta, de Techint, y Francisco Valenti, del Grupo Pescarmona.

Las situaciones procesales de todos ellos comenzarán a ser revisadas desde febrero en Casación.

En la investigación están procesados con prisión preventiva por supuesto cobro de sobornos a empresarios de obra pública la ex presidenta Cristina Kirchner -en libertad por tener fueros como senadora nacional-, y los ex funcionarios De Vido, Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y José López, entre otros.

Todos están acusados de integrar una asociación ilícita y cohecho; en el caso de la actual senadora y de De Vido, se los imputa como organizadores.

También están procesados empresarios a los que la Cámara Federal les confirmó la acusación por cohecho activo, pero los excluyó del delito de asociación ilícita; entre ellos, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gabriel Romero, Hugo Eurnekian y Luis Betnaza. En estos últimos casos no se concedió la apelación ante Casación.