La familia de la menor violada en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de Año Nuevo designó a su abogado en la causa judicial en la que hay cinco acusados detenidos por el hecho.

En las próximas horas, los padres de la adolescente de 14 años comenzarán a ser representados por el abogado Maximiliano Orsini, quien había sido contactado por ellos en los últimos días. Tal como publicó LA CAPITAL la semana pasada, ambos analizaron en profundidad la medida de sumar a un letrado en la figura de “particular damnificado”, y en las últimas horas decidieron su contratación, lo que, estiman, servirá al trabajo en sintonía con la fiscal Florencia Salas.

En un principio, la tarea de Orsini será estudiar cómo continúa la causa una vez que se conozcan los resultados de los peritajes toxicológicos. De hecho, existía la posibilidad de que asumiera la querella una vez que esos informes ya fueran añadidos al expediente.

Sin embargo, por la demora en la realización de la diligencia -que obedece, entre otros motivos, a que el caso sucedió en el inicio de la feria judicial y eso complicó el desarrollo normal de varias diligencias-, la familia de la menor y el propio letrado decidieron que su intervención se hiciera efectiva desde ahora.

Por eso, cuando en los próximos días las partes tengan en su poder la información sobre los estudios ordenados por la fiscal, el rumbo de la causa judicial podría modificarse.

Como se sabe, Lucas Pitman, Emanuel Díaz, Tomás Jaime, Roberto Costa y Juan Cruz Villalba siguen detenidos en la Alcaidía Penitenciaria Nº 44 de Batán. Pero tres de ellos podrían ser desvinculados de la acusación de “abuso sexual agravado” una vez que los especialistas concreten los peritajes.

Es que Pitman y Jaime declararon ante la fiscal Salas que tuvieron relaciones sexuales consentidas con la adolescente, mientras que los restantes explicaron que eran inocentes y que al momento de los ocurridos hechos que se les imputan estaban en otro sector del camping miramarense. De confirmarse tales versiones, al caso podría dar un giro y habría menos imputados, lo que además le significaría a algunos la recuperación de su libertad.

De todas formas, las fuentes de la investigación que consultó LA CAPITAL estiman que los resultados de los peritajes toxicológicos no arrojarán pruebas en contra de los cinco detenidos porque las muestras químicas se hicieron en forma tardía. Es decir, si al momento del hecho los imputados se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia, presumiblemente eso no quede registrado en los informes oficiales.

Vale destacar que ese error de procedimiento le costó el cargo al comisario Walter Caballero, quien fue removido de la seccional de Miramar donde era jefe. Además, motivó una investigación en el área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, donde se intenta dilucidar si la demora fue voluntaria para beneficiar a los acusados.

Giros

Junto con los peritajes toxicológicos y los análisis de cuatro de los teléfonos celulares -injustificadamente los uniformados no se incautaron de un quinto-, la fiscal y los abogados de las partes esperan con ansias los resultados de los estudios genéticos que se realizarán sobre las prendas de la víctima.

Como también se hizo público hace una semana, los especialistas encontraron restos de semen en un short de la menor. Ahora, debe producirse un cotejo del ADN que ese fluido contiene con el de los cinco imputados.

Entre otras cosas, la examinación química podría servir para probar la presencia de uno o más de ellos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Eso, sumado a las versiones del caso que fueron contadas ante la fiscal -ya sea por la víctima o los propios acusados- servirá para delinear una hipótesis de lo ocurrido más desarrollada y mejor fundamentada.

Además, ese peritaje establecería el rumbo de la investigación. Existen, según contaron los informantes a LA CAPITAL, dos caminos posibles: que persista la carátula “Abuso sexual agravado por ser cometido por dos o más personas” sobre quienes sigan imputados, o que los cargos pasen a considerarse dentro de la figura del estupro, un delito sexual que se produce cuando una persona, generalmente mayor de edad, mantiene relaciones sexuales con una persona adolescente que consiente la relación.

La edad mínima y máxima de la víctima varía según las legislaciones, así como con las características del acto sexual. En muchos casos el delito exige que se haya aprovechado la inmadurez de la víctima.Y se diferencia de la violación por el hecho de que no hay violencia contra la víctima, que manifiesta su consentimiento para el acto.

La otra diferencia también es relevante porque para el primero de los delitos la ley argentina prevé penas de 8 a 20 años de prisión. En cambio, para el “estupro”, prevé penas de 6 a 10 años de prisión.

Pero al igual que los peritajes toxicológicos, los estudios genéticos también se demoran. La fiscal Salas no tiene la certeza de que podrán hacerse en lo inmediato ya que “no hay reactivos para los ADN”.

Ante la imposibilidad de que el laboratorio de la Policía Científica en el partido de San Martín pudiera satisfacer los tiempos de la fiscalía, que ya pidió una prórroga para solicitar la prisión preventiva de los imputados y la misma vencerá el 31 de enero, se ordenó que se encargara la Asesoría Pericial en La Plata de los análisis. “En enero la Asesoría está cerrada, así que recién dentro de varios días puede haber novedades”, trascendió que fue la respuesta.