El ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza, aseguró que las perspectivas económicas y financieras del estado provincial mejoraron de manera notoria en el transcurso de los últimos meses. “Pasamos de no saber si
íbamos a poder pagar los sueldos a licitar obras y a tener la tranquilidad de que los próximos meses se van a transitar sin tanta zozobra”, le dijo a LA CAPITAL. “Ningún intendente puede decir que le faltan los recursos que se comprometieron”, sostuvo.

– ¿Cuál es objetivo de la ley de emergencia administrativa votada esta semana en la Legislatura?

– El propósito es agilizar los trámites, la burocracia de la Provincia, para hacer compras y contrataciones. Más allá de los números encontramos una Provincia que estaba muy trabada, muy paralizada, en términos de gestión. Cualquier compra o cualquier obra que tardaba once o doce meses, ahora estamos tratando de llevarla a la mitad. Sin perder ningún paso de control, simplemente vamos a acortar los plazos de respuesta. Lo que antes era dos semanas, ahora será de cuatro días y así vamos ganando tiempo.

– Y si sólo se trata de eso ¿por qué generó tanto revuelo e incidentes la aprobación de esta ley?

– Porque en realidad existe un status quo de la Provincia y se generan anticuerpos al momento de cambiar las cosas. A veces hay miedos infundados, en cuando cambiar las condiciones de contratación o las condiciones de algún trámite. Por supuesto estamos dispuestos a explicarlo, estamos abiertos al diálogo, para que se den cuenta de que a nadie le va a cambiar la condición laboral. No hay razón para temores.

– Imagino que esto permitirá reactivar la obra pública que en los últimos 5 meses estuvo muy detenida. ¿Cómo y cuándo piensan retomar esta clase de inversiones en la provincia?

– Yo diría que no es que ha estado detenida en los últimos cinco meses, sino que ha estado detenida los últimos cuatro años y cinco meses. El presupuesto en obra pública que nosotros recibimos era el más bajo del país. Sólo el 3% iba a inversión pública. Por ejemplo la ciudad de Buenos Aires tiene 17%. Tenemos un ambicioso programa de obra pública. María Eugenia quiere que sea un emblema de su gestión y no por objetivos políticos, sino porque es obvio que la Provincia está descapitalizada en materia de infraestructura. Este año ya tenemos un presupuesto por 19 mil millones de pesos para obra pública de los cuales 9 mil van a ir por los municipios y 10 mil van a ser desembolsados directamente por la provincia.

– ¿Qué van a priorizar?

– Yo diría que hay cuatro rubros que son obras viales, de hidrología, de agua y cloacas y también hay un componente que nosotros llamamos arquitectura, que es rehacer o arreglar hospitales, escuelas y comisarías. Eso es menos en volumen, son edificios, pero hay que hacer mucho ahí.

– Este énfasis en la obra pública los muestra como más keynesianos de lo que se supondría, siendo este un gobierno del PRO.

– Como economista a mí me gusta escaparle a las etiquetas. Las categorizaciones son buenas para orientar el pensamiento, pero en la medida que se convierten en etiquetas simplifican demasiado. Terminan rotulando una realidad que naturalmente es compleja y diversa. Así que no acepto esa calificación de neoliberales para catalogar un enfoque de política económica. Sí creo que en los últimos 10, 12 años Argentina vivió básicamente de lo que quedaba de la década anterior en materia de obras, energía, de servicios públicos en general. Eso obviamente duró un tiempo y después se empezó a cortar la luz, empezamos a importar combustible, energía eléctrica. Obviamente todo eso se deterioró, así que más allá del enfoque de alguna escuela en la que uno se quiera recostar, la necesidad de infraestructura para Argentina es evidente. Es un cuello de botella para crecer. Realizarlas va a ser un motor, que va a encender la chispa del crecimiento.

– ¿Cómo describiría estos cinco meses de lo que llaman “ordenamiento”?

– La verdad es que han sido meses difíciles. Es más lo que falta hacer que lo que se hizo, pero estoy satisfecho. Pasamos de no saber si íbamos a poder pagar los sueldos a licitar obras y a tener la tranquilidad de que los próximos meses se van a transitar sin tanta zozobra. Fue algo que logramos de manera paciente y día tras día. Comenzamos con una ayuda del Estado nacional en diciembre, de 10 mil millones de pesos, que ya estamos devolviendo. Sancionamos después la ley de presupuesto, la ley impositiva sin subir impuestos y después nos dedicamos a ordenar esa caja. Priorizamos los gastos, limpiamos la mesa de esas deudas, emitimos un bono en el exterior por 1250 millones de dólares, el monto más alto, la tasa más baja en la historia de la Provincia.

– ¿Y cómo describe hoy el vínculo con los municipios?

– Ordenamos la relación con los municipios que estaban en una situación tan crítica como la Provincia. La Provincia les dio asistencia financiera a fines de diciembre para pagar los aguinaldos y a partir de ahí hicimos reglas claras, reglas transparentes. Cambiamos la lógica del que no llora no mama por una lógica de previsibilidad. Hicimos una ley de presupuesto con un fondo de infraestructura, otro de seguridad, de 1.000 y 3.000 millones de pesos y se está cumpliendo a rajatabla. Ningún intendente puede decir que les faltan los recursos que se comprometieron. Con la coparticipación estamos al día y no solo eso, estamos pagando deudas del año anterior.

– El déficit y las deudas de los municipios en 2015 obedeció en parte al retraso de la Provincia para cumplir con el pago de recursos prometidos. ¿Asegura que ese escenario cambió en el transcurso de este año?

– Es totalmente cierto. En 2015 la Provincia les debía a los municipios 1300 millones de pesos. Ya redujimos un 25% la deuda y vamos a llegar a fin de año con deuda cero. Y de aquellos fondos extraordinarios como eran el de seguridad e infraestructura, ya se hicieron acreditaciones parciales.

– ¿Cómo supone que la actividad económica impactará en los ingresos de la Provincia y los municipios en los próximos meses?

– Ingresos Brutos viene creciendo al ritmo esperado. No ha tenido ni aceleración ni desaceleración. El municipio de Mar del Plata tiene una situación bastante complicada. Recibió una herencia muy delicada, que está tratando de ordenar y la Provincia obviamente colabora con asistencia técnica y fondos. A fin del año pasado fue el municipio que más ayuda recibió porque era el que tenía la situación más crítica. En la Provincia la economía del verano ha sido fría en términos de actividad, pero tiene que ver esto con una inercia que venía desde hace unos cuatro años. En términos de actividad no se puede pasar del invierno al verano en un click. Antes viene la primavera. Quiero decir que la salida de la recesión no es instantánea ni a todo vapor. Los números que tenemos de abril ya nos muestran mayor empleo en el sector de la construcción y eso va a ir tomando fuerza.

– ¿Confía en el despegue en el segundo semestre? ¿No cree que el aumento de tarifas y de precios relativos seguirán impactando negativamente?

– Tengo confianza. Es cierto que la inflación venia del 2 % mensual y pasó al 4%. Pero eso tiene que ver con factores extraordinarios como la corrección del tipo de cambio y la corrección de las tarifas. Esos factores no se van a repetir.
No van a seguir subiendo ni las tarifas ni el dólar. Por lo tanto tienen un efecto acotado. Puede haber un efecto de segunda ronda, pero mucho más suave. Siempre funcionó así. El traslado de la devaluación a precios ha sido razonablemente contenido. La verdad es que veo al Banco Central y al Ministerio de Hacienda de la Nación haciendo lo que tienen que hacer para contener la inflación.

– ¿Qué se hará para mejorar los ingresos de la Provincia en la distribución de la coparticipación federal?

– Es el tema más importante desde el punto de vista económico y fiscal de esta gestión. La Provincia tiene una situación de discriminación que se va agravando año tras año por una arbitrariedad en los mecanismos de asignación de recursos. Por el fondo del conurbano Buenos Aires recibe 42 pesos per cápita por año y por el fondo de infraestructura social Mendoza recibe 2.000. Es decir 50 veces más. Esa distorsión en todos estos años hizo que la Provincia perdiera 467 millones de pesos. Es más que un presupuesto anual. Con eso tendríamos 1500 escuelas, el doble de hospitales o 12 mil kilómetros de rutas. Ahí se explica el déficit de infraestructura bonaerense.

– ¿Y qué harán para resolverlo?

– Lo que dice la gobernadora es que esto no se resuelve con que ella tenga una buena relación con el Presidente porque eso puede ser un oasis de 4 años que se termine cuando cambien los gobiernos. Ya hemos hablado con el Gobierno nacional y ayer lo empezamos a debatir en el Congreso con todos diputados de todas las fuerzas políticas de la Provincia e intendentes de todas las fuerzas. Hay que iniciar el debate porque esto tiene que ser definido por el Congreso. Por supuesto que habrá que discutirlo con otras provincias pero aspiramos a que prevalezca una nueva lógica.