El fiscal federal Ramiro González pidió al juez Ariel Lijo que requiera los balances de los gastos de campaña electoral de 2015 de Cambiemos, además de informes a los gobiernos nacional y porteño, y el levantamiento del secreto fiscal a empresas investigadas, al impulsar la pesquisa sobre supuestas irregularidades en los aportes y rendiciones.

“Nada debo decir por el momento con relación al punto referido por cuanto de las constancias reunidas en el sumario no es posible individualizar a esta altura al presunto autor o autores de los hechos ilícitos denunciados. Ello no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a los sujetos que hayan participado en los hechos investigados”, explicó el fiscal en el dictamen al que accedió Télam.

Los pedidos del fiscal serán analizados por el juez Lijo, a cargo del caso, quien resolverá si ordena las pruebas solicitadas.

González abrió la investigación sobre los aportes y gastos de la campaña electoral de 2015 que postulaba a Mauricio Macri a presidente en base a la denuncia en un sito web por parte del periodista Juan Amorín, que derivó en una investigación preliminar de otro fiscal, Jorge Di Lello.

Al pedir medidas de prueba a Lijo, el fiscal González requirió que “se solicite a la Justicia Nacional Electoral se sirva remitir los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos”.

También pidió al magistrado que se solicite a los gobiernos nacional y porteño “se sirvan informar si Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pía Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Fernando De Andreis, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana G. Mangini pertenecen, y/o han pertenecido a tales administraciones desde el año 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado, y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo”
En relación a empresas investigadas, la fiscalía solicitó que se pida “al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)” un informe sobre “la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, desde el año 2014 a la actualidad”.

Según la denuncia, las maniobras ilegales consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la referida campaña electoral, como “el desvío de recursos desde el Ente de Turismo” de la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de De Andreis, “con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015”, recordó el fiscal en su dictamen.