La relación del intendente Carlos Arroyo con el Concejo Deliberante está peor que nunca. Después de la presentación judicial ante la Suprema Corte contra la ordenanza que restableció la bonificación docente, el vínculo, que ya venía desgastado, se deterioró aún más.

A eso se le suma otro drama para el jefe comunal: con la salida de Guillermo Volponi y el enfrentamiento que mantiene el Ejecutivo con el titular del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, los concejales “propios” disminuyeron a cuatro entre 24. Una minoría que lo deja a merced de la oposición y de los otros bloques que conforman Cambiemos (el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y Crear), donde la interna parece no dar tregua.

El último día hábil de 2018 hubo un encuentro de Arroyo con concejales de distintos bloques que no alcanzó para limar las asperezas.

Con ese panorama, el intendente y el Concejo se aprestan a transitar un año que, en el plano legislativo, tiene más de un asunto preponderante.

La agenda del 2019 tiene anotado en primer lugar a las ordenanzas fiscal e impositiva y al presupuesto. El secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, propuso un aumento de la tasa de servicios urbanos promedio de 37% para el primer semestre que crecerá al 49% en el segundo. Habrá que ver cómo se las ingenia el Ejecutivo para buscar los consensos que le permitan aprobar la propuesta.

También deberá ponerse en marcha el desfile de funcionarios por la comisión de Hacienda. Allí los principales secretarios tendrán que dar un detalle de cómo utilizarán los recursos previstos para este año.

Tanto la discusión de las tasas como la del presupuesto debió haberse iniciado a fines de 2018, pero la retención de tareas del personal municipal lo impidió. Otro asunto que debería haberse resuelto antes de fin de año es el del directorio de Obras Sanitarias. La renuncia de Mario Dell’Olio obliga al Ejecutivo a nombrar un nuevo integrante en el directorio. El intendente quiere ungir a Emiliano Giri como presidente, pero se desconoce si enviará un pliego en ese sentido o si, como hasta el momento, el ex titular del Emtur manda en OSSE sin asumir como presidente o director.

Antes del 20 de junio el Concejo y el Ejecutivo tendrán que resolver los pasos a seguir respecto al transporte público. Ese día vencen los contratos de concesión de las empresas de colectivo y el gobierno de Arroyo envió los pliegos de bases y condiciones para convocar a una nueva licitación. El proyecto contempla que en cada colectivo haya una cámara de seguridad, aumento de frecuencias, boleto combinado, la construcción de más refugios y piso bajo para el 30% de la flota. Si los pliegos no son aprobados antes del vencimiento de los contratos, el intendente tendrá que establecer una prórroga.

Menos pública, pero casi tan controvertida como el transporte, es la discusión sobre los jueces de faltas. En marzo el intendente elevó al Concejo dos sobres cerrados con su propuesta para cubrir el cargo en los tribunales 2 y 5 ante las jubilaciones de Susana Maffioni y Ana María Castelao. El subsecretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro, y el abogado Andrés Barbieri son los elegidos por el jefe comunal. Por ahora, no tienen el aval legislativo.

Otra disputa que se da bajo la superficie es la de las excepciones para construir. El Ejecutivo tiene paradas habilitaciones de obras por el freno que le pusieron los concejales. Para algunos, como Ariel Martínez Bordaisco (UCR), cuando la excepción se convierte en regla hay que cambiar la norma. Y, en contrapartida, propone apuntar a una reforma del Código de Ordenamiento Territorial (COT).