Por Ramiro Melucci

El 10 de diciembre de 2015, cuando asumió, Carlos Arroyo prometió un gobierno de acuerdos parlamentarios. “Vamos a consultar permanentemente a todos los concejales de todos los partidos políticos. Quiero un gobierno de consenso”, postuló en su primer discurso. Parecía una quimera. Lo era: tres años después recurrió a la Suprema Corte por una ordenanza del Concejo. Nunca como ahora estuvo tan lejos de su promesa inaugural.

La cruzada judicial que emprendió el intendente contra la norma que restableció la bonificación de los docentes municipales tuvo múltiples efectos: quebró la relación con el cuerpo legislativo, profundizó las divisiones en el gabinete, agrietó aún más el vínculo con los municipales y desesperanzó a los funcionarios y concejales que buscaban recomponer alguno de esos frentes.

La tarde en que se fue vapuleado del recinto tras ser interpelado, el secretario de Hacienda anunció que la norma sería rebatida “jurídicamente”. Fue lo que terminó disponiendo Arroyo. En rigor, hace tiempo que los papeles parecen invertidos en el gobierno. A fines de agosto, Mourelle había anticipado el veto de la ordenanza que redujo la tasa vial. Unos días después, Arroyo firmó el veto. Son escenas que retratan una incapacidad: el intendente no parece distinguir que el poder concedido a su secretario preferido lo ensombrece.

En su presentación ante la Corte, el Ejecutivo sostuvo que la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo para devolver la bonificación docente alteró el presupuesto. Puntualizó que estableció erogaciones por $ 267 millones que no estaban contemplados. Y que eso le altera las cuentas.

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, que trataba de acercar posiciones con el sindicato en la paritaria municipal, se opuso a judicializar la norma. Gustavo Gil de Muro, el subsecretario legal y técnico habituado a firmar cada expediente judicial del Ejecutivo, tampoco la rubricó. Arroyo eligió un estudio de abogados externo para afrontar su batalla contra el Concejo.

La Suprema Corte aceptó tratar la cuestión. Dispuso que, hasta que se defina la cuestión de fondo, no rija la ordenanza. Es decir que los docentes municipales no cobrarán la bonificación que venían percibiendo hace tres décadas.

El presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, tendrá que exponer la postura del cuerpo legislativo. Para eso, el viernes la comisión de Legislación lo facultó a contratar un estudio jurídico externo. En este caso no es por elección, como Arroyo, sino por necesidad: el Concejo no tiene asesoría jurídica.

En ese encuentro quedó expuesta la fractura entre el Ejecutivo y el Concejo. Opositores y aliados al gobierno criticaron la presentación judicial. “Está todo explotado”, lamentó un concejal que siempre se mostró dispuesto a acompañar los proyectos oficiales. “Es una verdadera locura”, acotó otro que tiene más iniciativas de Arroyo aprobadas que rechazadas.

La moción de interpelar al intendente no parece, sin embargo, ganar más voluntades que las de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador. Acción Marplatense no se sumó. El radicalismo cree que sería acorralarlo. Ergo, los votos no están.

La pelea de los concejales tiene como símbolo el divorcio político de Arroyo y Sáenz Saralegui. El titular del Concejo atacó al entorno del jefe comunal y le endilgó “negociados”. También puso en duda que el intendente pueda ser reelegido. Lejos de poner paños fríos, Mourelle arremetió contra Saralegui y anunció que Arroyo lo intimará. Asoma el fin de la vieja sociedad de los fundadores de Agrupación Atlántica.

El aislamiento de Arroyo queda cada vez más en evidencia. Ya no son solo Vilma Baragiola, Cristina Coria o Angélica González: en mayor o menor medida, todos los concejales aliados al arroyismo en Cambiemos toman distancian. Guillermo Volponi, el ex presidente del Emder, alertó que el año pasado llegaron 10 millones para obras en los polideportivos pero nunca se usaron. Volponi es un macrista que hasta menos de un mes compartía bloque con el arroyismo. Si la tendencia se acentúa, la oposición se quedará sin trabajo: toda esa faena quedará en manos de los aliados.

La pelea de los concejales tiene como símbolo el divorcio político de Arroyo y Sáenz Saralegui. El titular del Concejo atacó al entorno del intendente y le endilgó “negociados”. 

No era el mejor momento para quebrar la relación con el Concejo. El mes que viene Arroyo necesitará aprobar el presupuesto y los aumentos de tasas. Hasta hace siete días, el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, buscaba acercar posiciones para que esas ordenanzas fueran aprobadas. Jura que algunos resultados estaba obteniendo. Pero dejó de hacerlo en el momento mismo en que Arroyo puso en el recinto la granada que hizo estallar todos los puentes.

La denuncia para no pagar la bonificación docente constituyó, además, otro estorbo en las negociaciones entre el gobierno y el sindicato municipal. Vicente y Gil de Muro mantuvieron un encuentro con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Sopesaron las alternativas para acercar posiciones y propiciar el regreso de los municipales al trabajo. De momento, la posibilidad de un acuerdo sigue lejana. El municipio propone un 32% de aumento anual y el gremio de Antonio Gilardi busca un acuerdo cercano al índice inflacionario, que se acercará al 50%. Las expectativas están depositadas en la audiencia del jueves que las partes protagonizarán en La Plata. Allí donde, desde que Arroyo es intendente, se define cada uno de los asuntos sustanciales de Mar del Plata.