El empleado de AFIP que había sido detenido acusado de haber participado de una millonaria estafa al Estado Nacional a través de jubilaciones irregulares tramitadas en Anses se negó a declarar y continuará detenido en una cárcel federal.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre, quien se desempeñaba en atención al público de las oficinas de AFIP ubicadas en Independencia y Falucho, tras negarse a declarar, el juez federal Santiago Inchausti ordenó que continuará detenido.

El empleado de AFIP quedó imputado por fraude al estado y será trasladado en las próximas horas a la Unidad Penal 28, el centro de Detención Judicial de Capital Federal. Luego de ingresar allí, quedará alojado en otra unidad penal federal, como puede ser Ezeiza o Marcos Paz.

Además, las fuentes judiciales consultadas informaron que personal de Prefectura también allanó la oficina de AFIP de San Martín 2932, en busca de documentación y pruebas vinculadas con la causa, ya que uno de sus empleados también es sospechoso de participar de las maniobras ilícitas.

Este empleado de AFIP también fue citado al Tribunal Federal y, tras negarse a declarar ante el juez Inchausti, quedó imputado también de haber participado en el fraude. Sin embargo, no fue detenido ya que habría participado de menos hechos.

Puntualmente, ambos empleados de AFIP están acusados de haber utilizado su posición de atención al público en AFIP para conseguir claves fiscales que luego, los miembros del estudio jurídico Organización Previsional SRL habrían utilizado para realizar los trámites irregulares.

Estas denuncias contra empleados de AFIP fueron impulsadas directamente por la Administración Federal de Ingresos Públicos, que al detectar irregularidades entre los empleados inició una investigación.

La AFIP colaboró desde un principio con la Justicia y en el momento que la Justicia Federal imputó a los empleados, los mismos fueron separados de sus cargos y trasladados a áreas sin acceso a los datos que generaron el delito.

Cabe destacar, que en el marco de la causa hay una persona prófuga, el médico Ariel José Fati, quien se desempañaba como perito médico judicial y firmaba para convalidar los certificados por discapacidad de las personas que buscaban conseguir retiros previsionales en Anses.

Los principales sospechosos, acusados de ser los líderas de una banda que estafó al Estado, son los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL, los abogados Rubén David Cagni, Conrado Suárez, Luis Miguel Iros y el asesor Roberto Luis Balbuena.