El Ejecutivo municipal decidió impulsar una demanda contra el Concejo Deliberante, a través de la cual planteó la existencia de un presunto conflicto de poderes a causa de la decisión de los concejales de recomponer el valor de la bonificación docente que la gestión del intendente Carlos Arroyo había dispuesto reducir.

La demanda, que por su naturaleza debe ser considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, fue presentada el viernes pasado y hasta el momento no trascendieron detalles sobre sus fundamentos.

En diálogo con LA CAPITAL el secretario en lo Legal y Técnico de la comuna, Gustavo Gil de Muro, confirmó la decisión del Ejecutivo de acudir a la Justicia para cuestionar la decisión del Concejo Deliberante de aprobar una ordenanza por la que se dispuso que, tal como se lo hizo durante los últimos 30 años, Municipalidad les liquide a sus docentes una bonificación especial tomando como referencia a la remuneración asignada a un agente municipal con una carga laboral de 35 horas semanales.

De este modo, el 4 de diciembre, los concejales habían dado marcha atrás con un decreto que el intendente Arroyo había firmado a fines de octubre, por el cual se había dispuesto que la bonificación fuera reducida,y comenzara a ser liquidada en base a la remuneración de un agente municipal con una carga laboral de 24 horas semanales.

Sin embargo y a pesar de confirmar la presentación de la demanda y sus motivos, Gil de Muro se excusó de brindar mayores detalles.

Según pudo saber LA CAPITAL, la presentación fue impulsada directamente por el Ejecutivo ante la Suprema Corte y ya fue recibida por la Secretaría de Demandas Originarias, la cual ahora deberá resolver qué tramite le brindará.
Se espera que esta semana el Máximo Tribunal resuelva si acepta intervenir en el caso.

De ser así, el paso siguiente consistiría convocar al Concejo Deliberante para que exponga cuál es su postura.

Al denunciar la existencia de un “conflicto de poderes”, la gestión del intendente Arroyo pretendería plantear que al haber revertido el decreto que recortaba las bonifiaciones, el Concejo se habría atribuido una competencia que no le correspondería ejercer.

Así, el gobierno local estaría intentando transformar el conflicto laboral y político desatado por la reducción de las remuneraciones de los docentes en un asunto de orden judicial.

En este caso, la decisión del gobierno local consistió en tratar de encuadrar lo sucedido como un “conflicto institucional” acudiendo a la Corte, la cual tiene entre sus atribuciones “conocer y resolver originaria y exclusivamente las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia”, según se establece en artículo 161 de la Constitución de la Provincia.

Más allá de que para la gestión de Arroyo y para los autores de la demanda la situación en torno a la bonificación docente constituye un conflicto de poderes, lo cierto es que lo primero que deberá resolver el Máximo Tribunal es si, efectivamente, los hechos pueden ser encuadrados dentro de esa figura o si por el contrario representan apenas un “mero desacuerdo” del Ejecutivo con lo resuelto por el Concejo Deliberante.