Los jueces del Tribunal Oral Nº 1 que tuvieron a su cargo la sentencia tras el debate del caso Lucía Pérez cuestionaron duramente en su fallo la labor de la fiscal María Isabel Sánchez y pidieron que la Procuración General de la provincia de Buenos Aires que investigue su intervención en el mismo.

Para Carnevale, quien redactó el fallo, el trabajo de la representante del Ministerio Público fue cuanto menos “irresponsable” y dio lugar a innumerables reacciones “de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor”.

En un pasaje del documento, cita: “Fue de público conocimiento que la fiscal natural de esta causa brindó una conferencia de prensa a medios locales y nacionales donde expuso sin ningún tipo de tapujo que la menor Lucía Pérez había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal, despertando de esa manera una serie de reacciones de lo más dolorosas, fundamentalmente para los padres de la menor que hasta el día de hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante historia surgida de la propia imaginación de la doctora Sánchez, ya que como lo dijera en el debate la propia madre de Lucía, fue la Fiscal quién personalmente le dijo que su hija había sido drogada y violada y que por esa violación había muerto”.

Y agrega: “Que había sido empalada y que habían lavado su cuerpo, todo esto con el agravante que la doctora Carrizo -quién practicó la autopsia de Lucía- señaló en el debate que jamás le trasmitió tal cosa a la fiscal”.

Para el magistrado, quedó claro a través de los testimonios de quienes declararon en el juicio, que la fiscal Sánchez no participó en persona de las diligencias a pesar de que “suponía tamaña gravedad”. “Esto ha sido como una bola de nieve que ha ido arrastrando a su paso no sólo a los directos involucrados (familiares y amigos de Lucía y hasta los propios imputados) sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas y hasta personas ajenas al proceso que confiando en los dichos de la fiscal del caso fue tomando partido sobre un tema cuya información era errónea”.

Por su parte, el juez Gómez Urso añadió que “si la fiscal María Isabel Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció”.

Además, el magistrado explicó que “a todo ello cabe agregar que la fiscal Sánchez jamás trabajó con una teoría o método del caso como para saber qué y cómo investigar, qué calificación asignarle a los hechos, qué grado de participación le correspondió a cada interviniente y cómo debía configurar su estrategia procesal”.

Y en otro pasaje, fustiga: “La fiscal Sánchez movió a un país. Y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira. Dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación”.

De todas formas, para los magistrados la investigadora no fue la única cuestionada. Según explicaron, “los operadores estatales que forman parte del sistema penal” tampoco “estuvieron a la altura de las circunstancias en este caso”, a quienes calificaron de insensatos, imprudentes e irresponsables. Al eviscerador, por caso, directamente lo tildaron de “impresentable” y a la médica que realizó la autopsia preliminar de “irreflexiva y poco profesional”.

“Si de operadores como Sánchez, Badami y Carrizo depende el esclarecimiento de hechos delictivos graves (homicidios, abusos sexuales, etcétera) no será improbable que nos encontremos con otro caso como el de Lucía”, concluyeron.